Covid-19: un tercio de las muertes ocurrieron en Latinoamérica

Hay un desfasaje: con el 8,4% de la población mundial, Latinoamérica aportó el 28% del total global de muertes a causa de Covid-19. Es lo que difundió  el informe de Amnistía Internacional y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), titulado Desigual y letal: cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos.

El reporte recorre los factores que explican el número -desproporcionado- de muertes por coronavirus en la región, y su diferencia de impacto con otros continentes o subcontinentes. 

A modo de conclusión, algo previsible, el informe expresa que los países con sociedades más desiguales y que realizan un menor gasto público en el área sanitaria fueron los que más sufrieron durante la pandemia, y que los efectos devastadores recayeron en los grupos históricamente marginados: mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes, entre otras minorías.

“El Covid-19 nos dejó una dolorosa lección: la profunda desigualdad socioeconómica en las Américas agravó las consecuencias de la pandemia. Es fundamental reconsiderar las políticas públicas vinculadas a la salud y a la protección social basándose en los derechos humanos para evitar futuras adversidades en nuestra región, la más desigual del mundo”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Por los altos niveles de pobreza en América Latina y el Caribe -Argentina mostró una reducción de la pobreza: fue del 37,3% en el segundo semestre de 2021- en las últimas décadas los gobiernos no recaudaron suficientes ingresos ni combatieron la desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión económica, señala el informe.

El resultado es un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social (incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia) que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos.

Aunque muchos países latinoamericanos hicieron transferencias monetarias durante la pandemia (en Argentina el IFE durante 2020; “Refuerzo de Ingresos” este 2022) ningún gobierno extendió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal o extender las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas contaran con una mínima protección.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que debe dedicarse, como mínimo, un 6% del producto bruto interno (PBI) a la salud. Sin embargo, casi todos los países de la región gastan mucho menos en servicios de salud pública. En Perú, por ejemplo, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar de su crecimiento económico, y sólo invirtieron el 3,3% de su PBI.

México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza, registraron las cifras más elevadas de muertes por Covid-19 en la región en proporción a su población. 

 En sintonía con lo que recomienda la OPS, Argentina invierte el 6% de su PBI en gasto público en salud, lo cual es positivo en comparación con el resto de los países de la región. 

“Argentina aún tiene enormes deudas para combatir las desigualdades y el acceso equitativo a derechos. Aun cuando se tengan políticas adecuadas, los gobiernos fallan en la implementación para garantizar el efectivo goce de los derechos humanos”, establece el informe.

Amnistía Internacional llama a los gobiernos de la región a hacer frente a la recuperación de la pandemia a través de la adopción de un enfoque de “igualdad sustantiva” con el objetivo de paliar la crisis de derechos humanos.

Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta este jueves 28 de abril fallecieron en el país 128.344 personas por causas derivadas de la infección de coronavirus.