El papa Francisco decretó la obligación para los religiosos de denunciar ataques sexuales y encubrimientos.

La nueva normativa comenzará a regir a partir del 1 de junio de este año y de manera experimental 2023.

La nueva norma ratifica la presunción de inocencia para las investigaciones y no altera las penas ya dispuestas por las leyes de la Santa Sede. Sin embargo, mantiene como "absoluto e inviolable" el secreto de confesión.

El decreto busca sancionar las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos "con la intención de interferir o evadir" las investigaciones de los abusos.

Además,  establece que todas las diócesis deben conformar sistemas de acceso público para informar casos de abuso sexual y su cobertura.