El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba deberá determinar en la próxima sesión del 15 de diciembre (última del año) si distingue como “Profesores Eméritos” de la UNC a dos docentes que fueron funcionarios políticos de la última dictadura militar. Se trata de los abogados José Palazzo y Jorge Edmundo Barbará. El pedido para otorgarles tan importante distinción proviene de una votación unánime del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, pero ha generado revuelo en el máximo organismo de la UNC debido a los antecedentes de ambos.

En el caso de José Palazzo (padre del productor de espectáculos) se sabe que asumió como subsecretario de Estado de la provincia en junio de 1979 y que contaba con la protección del genocida Luciano Benjamín Menéndez quien de puño y letra llegó a escribir una carta en la que no sólo lo definía como “su pariente” sino que lo reconocía como “un luchador frontal contra los elementos comunistas que infestaron nuestra provincia”.

En lo que respecta a Jorge Edmundo Barbará, se sabe que ocupó los cargos de Subsecretario de Gobierno y de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Aunque ambos cargos figuran en su curriculum, el docente no aclara en qué fecha los ocupó. Sin embargo, este medio pudo confirmar que fue funcionario de la administración de Rubén Juan Pellanda, interventor municipal desde abril de 1981 hasta que en enero de 1982 se convirtió en interventor de provincial.

Además, Barbará es uno de los firmantes de una polémica solicitada publicada en octubre de 1978 en la que varios docentes universitarios le reclaman al embajador de Estados Unidos en Argentina, Raúl Castro, que no se preste a la “Campaña Antiargentina” impulsada por “los guerrilleros y activistas que huyeron” y hablan de “supuestas violaciones a los Derechos Humanos en nuestra Nación”.

El caso José Palazzo

El nombre de José Palazzo fue tapa de los diarios cuando, en el marco de la Megacausa La Perla, declaró una de las hijas de Tomás Di Toffino, el gremialista secuestrado, torturado y desaparecido en el año 1977 en La Perla. Di Toffino fue, a la par de Agustín Tosco, uno de los baluartes del gremialismo cordobés que luchó contra la dictadura de Onganía y forjó lo que hoy reconocemos como uno de los gremios más emblemáticos de la Argentina: Luz y Fuerza.

En su declaración, Silvia Di Toffino, que hoy contó lo sucedido en el programa Otra Vuelta de Tuerca que se emite por Radio Universidad, sorprendió al contar que en el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba existía una carta escrita de puño y letra por el propio genocida Luciano Benjamín Menendez, en la que reconocía a Palazzo como un “colaborador”.

La carta de Menéndez está dirigida a un coronel llamado Oscar Joan y en ella Menéndez (el hombre más poderoso de la provincia) le asegura a ese militar que Palazzo “ha colaborado” con la dictadura. La reproducimos completa y textual para que no haya lugar a malinterpretaciones:

“Al señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, coronel Oscar Joan. De mi mayor consideración Me dirijo al señor Coronel porque he tenido noticias que el doctor José Luis Palazzo tiene una objeción formulada, no se sabe por qué servicio de inteligencia, por inclinaciones ideológicas izquierdistas. Quiero desvirtuar de plano semejante calumnia. Conozco al doctor Palazzo dese hace muchos años, por ser sobrino de una tía política mía. Tenemos, pues, parientes comunes. Además lo he tratado permanentemente. No solo el doctor no tiene simpatías ideológicas izquierdistas, sino que ha sido un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra provincia, en particular la Empresa de Energía de Córdoba. Allí en Epec desactivó y desplazó a los seguidores nada menos que de Tosco. Ruego entonces al señor coronel que se sirva darle a esta carta el trámite que juzgue conveniente a fin de eliminar tan injusta como errónea calumnia del legajo del doctor Palazzo. En la seguridad de que el señor coronel arbitrará las medidas para que se haga justicia, saludo a usted muy atentamente”.

La carta en cuestión fue encontrada en un allanamiento realizado a la casa del genocida en barrio Urca. Al hacerla pública en el juicio La Perla, Silvia Di Toffino declaró que al momento en que su padre fue secuestrado, Palazzo era jefe de personal de EPEC. Así surgió en las audiencias por el juicio de Lesa Humanidad, una pregunta que derivó en una investigación de la justicia federal contra José Palazzo: ¿De qué manera el jefe de personal de EPEC “desactivó y desplazó” (como asegura Menéndez) a los seguidores de Agustín Tosco?

En el expediente donde actualmente se investigan estos hechos (la fiscal Graciela López de Filoñuk intentó archivar la causa, pero el Juez federal Hugo Vaca Narvaja no se lo permitió) figuraría que el abogado casi pariente y protegido de Menéndez, José Palazzo se tomó una licencia como Jefe de Personal de EPEC en junio de 1979 para asumir como Fiscal de Estado adjunto de la provincia, en tiempos en que la misma estaba gobernada por el interventor militar era Adolfo Sigwald.

Cabe aclarar que la carta de Menéndez es de 1980, año en que según el periodista Camilo Ratti en su investigación sobre el genocida, el general de División empezaba a formar un proyecto político junto al empresariado cordobés con el Movimiento de Afirmación a la Soberanía.

En su extenso curriculum, Palazzo también afirma que fue síndico de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros muchos cargos.

Jorge Edmundo Barbará

El caso de Jorge Edmundo Barbará es más complejo, pero puede ser reconstruido. Barbará en su currículum asegura haber ocupado los puestos de “Subsecretario de Gobierno” y de “Secretario de Gobierno” de la Municipalidad de Córdoba. Pero ni siquiera en los muchos talleres y cursos que ha dado sobre la gestión pública, aclara en qué fecha fue funcionario.

Esta investigación logró confirmar con tres fuentes diferentes que ocupó ese cargo cuando el “comisionado municipal” puesto por los militares era Juan Rubén Pellanda, designado en abril de 1981 en ese cargo. Pellanda luego pasó a ser gobernador de facto desde enero de 1982 hasta el regreso de la democracia y pasó a la historia por la firma de un decreto ley 6743 que generaba profundas desigualdades y fue derogado en 1984.

En su curriculum, Barbará asegura que en esos años estuvo “a cargo” en cuatro oportunidades de la intendencia municipal. En el libro de Camilo Ratti sobre Menéndez, Pellanda asegura que muchos de los que eran parte de su administración formaban parte también del proyecto político con el que Menéndez buscaba gobernar Córdoba después de la dictadura.

El nombre de Barbará, aparece además en una Carta Abierta al Embajador de Estados Unidos en Argentina publicada en octubre del año 1978, que es firmada por muchos docentes de la UNC. La Carta abierta que muchos se arrepienten de haber firmado, se hizo pública en los meses previos a la llegada a la argentina de la Comisión especial de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que terminaría denunciando internacionalmente las violaciones a los Derechos Humanos en Argentina.

En algunos fragmentos de la carta abierta (que reproducimos más abajo) los firmantes aseguran que “ante su derrota” algunos “grupos guerrilleros y activistas huyeron del país para refugiarse junto a sus amos buscando nuevas directivas”. Después dice que esos “grupos” comenzaron una “campaña antiargentina por los derechos humanos con implicancias tales como el intento de boicot a eventos deporticos o congresos científicos mientras se callaba vilmente toda referencia a las víctimas que a diario cobró la violencia en la Argentina”. Finalmente, el texto asegura que si Estados Unidos se hace eco de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en argentina, eso sólo serviría para “envalentonar a los liberticidas y colaborar con el enemigo común”.

En esta oportunidad, la particularidad de esa carta es que uno de los que la firma -junto al aspirante a profesor emérito Jorge Edmundo Barbará- es ni más ni menos que uno de los prestigiosos juristas que avala el nombramiento de Barbará como Profesor Emérito y se trata, llamativamente, de un integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, Domingo Sesin.

Barbará es, además, titular de la cátedra de Derecho Político y profesor responsable de la materia opcional Nacional Socialismo y la Cuestión Judío-El Holocausto.

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Los dos con Menem

Ambos candidatos a profesores eméritos cuentan en sus curriculum que en la década de 1990 ocuparon cargos políticos durante la administración de Carlos Saúl Menem. Palazzo fue Interventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Barbará, por su parte, fue vocal en el proceso de privatización de la ex ENCOTESA.