Tantas veces se lo han dicho, que ya no se enoja. Ríe. Vas a preguntarme por qué nos oponemos al progreso, responde antes de que termine mi advertencia: Haré de abogada del diablo.

Progreso para quién, devuelve la pregunta.

Para el turismo… Balbuceo una posibilidad.

La Autovía de Punilla no es para turistas. Pasa de largo las ciudades del valle. Hacia Chile. A los puertos del Pacífico, directo a China. Para exportar. Favorece el agronegocio, y la producción de las granjas porcinas, por ahora frenadas, pero no sabemos hasta cuándo, dice de un tirón Marcela Fernández, abogada ambientalista que patrocina los reclamos judiciales de organizaciones defensoras del bosque nativo; de ríos, sitios sagrados de pueblos ancestrales, reservas arqueológicas; de la salud del aire que se respira.

Se trata de cambiar de paradigma. La única opción no puede ser sumar, sumar autos; arrasar montes de más de 100 años. Hemos propuesto alternativas, por ejemplo, una traza hacia el norte. No esta destrucción por el centro de la provincia.

Y remata: El gobierno necesita avanzar con la fuerza. Al precio que sea.

Se refiere a la creciente represión policial contra militantes ambientalistas que ponen el cuerpo para detener el avance de máquinas viales.

El Derecho Ambiental no existía cuando Marcela Fernández estudió Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo fue aprendiendo frente al peligro. Primero, una subestación de alta tensión de la Epec, a metros del polideportivo en el que sus hijos jugaban al fútbol en Carlos Paz, donde vive con su familia. Poco después, el desmonte para la construcción del barrio cerrado El Gran Dorado, de Gama.

Marcela Fernández: la piedra en el zapato by cba24n.com.ar

Convocades por la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA), les vecines comenzaron a nuclearse, y carpa y huelga de hambre mediante, lograron frenar el barrio. Alentada por su presidente, Juan Carlos Ferrero, Marcela Fernández se sumó a la organización.

No pudieron en cambio detener otro barrio de Gama, que avanzó sobre el bosque nativo. Por ese emprendimiento, y la autorización para la central de Epec, será juzgado por jurados populares el entonces secretario Raúl Costa. El primer funcionario de Ambiente de la provincia de Córdoba que va a juicio, subraya Marcela Fernández, quien hace diez años lo denunció en nombre de los defensores del río San Antonio, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público. El juicio, que debía comenzar en octubre, ha sido postergado una vez más: Creemos que especulan con la prescripción, advierte la abogada.

Otro hito de la lucha que la tuvo en primera fila, fueron las marchas masivas de 2016 contra la modificación de la Ley de Bosques que pretendía avanzar sobre la ya escasa superficie de bosque protegido. Según la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestras sierras sobrevive solo un 5.5% de bosque nativo.

Marcela Fernández se fue convirtiendo en una referente. Ella, y René Amsler, inseparables a la hora de interpelar a la Justicia. Somos pocos, los abogados especialistas en Ambiente, cuenta. Tampoco los jueces saben demasiado. Casi nada. Aunque cuando nos rechazan un amparo no tenemos certeza si es porque no saben, o no quieren saber. Tienen una visión racista y colonial. Hay convivencia con el poder del agronegocio. Y el Gobierno siempre apela a favor de las empresas, dice.

Se crio en el campo. Nació en Isla Verde, y vivió su primera infancia en Mendoza, cerca del deshielo y los bosques. Allí sus padres perdieron todo con la 1050 de Martínez de Hoz. Entonces recalaron en Carlos Paz, donde durante años tuvieron el Autoservicio Cucú, a metros del famoso reloj.

De ese origen rural, su compromiso por la naturaleza. Con su marido (el primer amor, de hace 31 años), tienen una huerta. Seis perros y tres gatos. Y construyen una casa de adobe en Cuesta Blanca. Si los chicos no se van, nos vamos nosotros, dice riendo, de sus tres hijes, cómodes en el hogar familiar.

A Marcela Fernández la han buscado algunos partidos políticos; le ofrecieron la candidatura a Defensora del Pueblo de Carlos Paz. Generalmente vota a la izquierda, pero en el ambientalismo elige lo transversal. Y circular lejos de las internas. Prefiero mantenerme al margen, aunque no me callo. Digo lo que pienso, asegura.

Nunca la política partidaria, pero recuerda entusiasmada las conversaciones con su papá, simpatizante del Partido Comunista.  A espaldas del San Roque, reseco por falta de lluvia, agradece que su familia las alentara a estudiar. A ella. Y a su hermana, Rocío Luz Fernández, investigadora del Conicet experta en agua, muchos años en universidades extranjeras, por quien sabe con precisión de qué se trata la contaminación del lago.

Mansa en sus férreas definiciones, cara lavada, cabello sin tintura, 53 años, al día siguiente de esta entrevista viajará a Córdoba para acompañar a sus suegros al médico. Otro día lo mismo con sus padres. Su marido le ruega que cuide su propia salud. Marcelo González, comerciante ya jubilado, teme que a su esposa le afecte la pasión de tanta militancia…

Los intereses que enfrenta trascienden la provincia, sabe, Marcela Fernández. No podemos esperar grandes cambios, lamenta. Pero no hay que dejarles el camino libre. Debemos seguir siendo la piedra en el zapato. Si no fuera por los ambientalistas, ya hubieran destruido todo. Sin la gente en la calle, la Justicia, a los amparos, ni los lee.