Los que la protagonizaron dicen que la toma fue masiva, impetuosa y espontánea; que se empezó a correr la voz de que “había terrenos” y con eso solo bastó para que ahí nomás, en un movimiento tipo bandada, empezaran a llegar más y más y más familias, y que así siguieron las cosas durante dos o tres días hasta que 90 hectáreas de los campos de Numancia y San Martín, en la localidad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón, se terminaran de ocupar por completo. El predio es tan grande que para abarcarlo entero los noticieros necesitaron hacer volar sus drones. Ahora se ven parcelas de unos diez metros por treinta, delimitadas por cercos –precarios pero firmes– y en el centro casillas o carpas muy pequeñas fabricadas más que nada con bolsas, chapas, lonas. Entre los lotes se abrieron calles y se cavaron zanjas; se crearon también algunos espacios comunitarios y otros educativos. Son cerca de 2.500 las familias que sobre ese terreno sin agua ni cloacas resisten desde hace dos meses y medio.

“Es ilegal”; “La ocupación está promovida desde ciertas organizaciones”; “Tiene que ver con situaciones delictivas”. La condena empezó a retumbar en las redes, en los medios de comunicación y en las voces de altos funcionarios mucho antes de que una explicación cabal del conflicto adquiriera cierto cuerpo. Pero quién toma la tierra, por qué lo hace, qué pasa de verdad en una toma, entre otras preguntas, siguen siendo interrogantes válidos para repensar, analizar y considerar un fenómeno que no es nuevo ni se reduce a Guernica, aunque es sobre ese pedazo de tierra al borde del tercer cordón del conurbano donde hoy se hace oír con fuerza el lema “tierra para vivir”. Revisar los mitos que circulan en torno al tema es un forma de echar algo de luz sobre una problemática compleja y de larga data.

Las usurpaciones de terrenos se están multiplicando. La usurpación es delito. Consiste en apoderarse de una propiedad ajena en la clandestinidad, empleando violencia o abuso de confianza. Por eso hablar de “usurpación” de tierras engendra fantasmas, porque hace creer que esa casa, ese terreno o ese local por el que tanto trabajaron podría ser ahora despojado por alguien que no tiene dónde vivir. Es esa la mirada dominante en la opinión pública y en gran parte de los medios de comunicación, la misma que construye a los presuntos dueños de la tierra como víctimas de la toma. Pero ocupar un terreno no implica necesariamente usurparlo, máxime si ese espacio no estaba siquiera alambrado ni mínimamente mantenido. La diferencia entre usurpación y ocupación no es algo opinable o subjetivo. De hecho la primera se tramita en la Justicia Penal y la segunda, en la Civil.

El mencionado predio de Guernica no estaba alambrado, y los vecinos denuncian que en ciertas zonas los pastizales eran tan altos que cada tanto aparecían víboras. Dentro del terreno ocupado la mayor parcela corresponde a una sociedad anónima que se llama El Bellaco, que desarrolla el country contiguo San Cirano y mantiene con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) una deuda cercana al millón de pesos (1).

“Los dueños tienen la obligación de mantener sus terrenos cercados y limpios. Pero eso no se respeta. El Estado es muy poco eficiente en hacer cumplir las obligaciones de los propietarios, pero sobreactúa después en el caso de ocupaciones”, señaló en declaraciones radiales la antropóloga María Cristina Cravino, quien desde hace más de tres décadas investiga las tomas de tierras.

Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires existen diversas normas de regularización dominial: la Constitución porteña reconoce el derecho a una vivienda digna, para lo cual “auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos” y el criterio de “radicación definitiva” de los barrios informales. En la Provincia, la Ley de Acceso Justo al Hábitat sancionada en 2012 busca apuntalar los procesos de “regularización de barrios informales”. A nivel nacional, la reciente Ley 27.453 establece regularización dominial para los 4.416 asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares, más conocido como “Renabap”. “A diferencia de lo que se cree, el Estado tiene un cuerpo normativo robusto para defender los derechos de los ocupantes”, explicó Cravino. Y remató: “Pero a veces hasta los jueces lo ignoran”.

Mucha de la gente que tomó tiene en realidad un lugar donde vivir. Hay artículos periodísticos que denuncian que en algunas de las casillas de nylon levantadas en Guernica no se ve a nadie, lo que avalaría el hecho de que quienes tomaron sí tienen donde vivir y entonces no necesitan de otra vivienda. Es verdad que no toda la gente que tomó terrenos está en situación de calle, como también es cierto que muchos de ellos viven críticamente hacinados, o comparten un espacio ínfimo con sus padres y sus hijos, o están a punto de quedarse sin un techo ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler.

Marcela tiene 45 años, ocho hijos y un marido que hasta antes de la pandemia trabajaba en gastronomía. Alquilan informalmente una vivienda ínfima cuyo precio acaba de aumentar; el dueño ya les adelantó que si no podían afrontarlo él mismo se iba a mudar ahí. Marcela no pertenece a ninguna organización política o social. Se enteró de la toma por los vecinos y hasta allá se fue con lo puesto, dos palos y un par de hilos para ocupar una parcela que ahora se dedica a cuidar por turnos con su pareja. Para que sus chicos tengan un lugar reparado donde dormir, sigue –en tanto puede– pagando el alquiler de su casa, que queda a pocas cuadras. Pero espera poder tener acceso a una vivienda digna a través de una cuota que sea capaz de pagar. “Yo sé que esto no es lo ideal –reconoce–. Pero es la única salida que te queda para no estar todas las noches pensando que te van a sacar de tu casa.”

La toma es un negocio. Las organizaciones sociales suelen combatir y prohibir explícitamente cualquier venta de terrenos, aunque como sucede en casi cualquier ámbito de la sociedad las ocupaciones nunca están del todo exentas de aprovechadores inescrupulosos y de la lógica mercantil que a esta altura de la historia invade el universo. “Pero la idea de que ‘todo es un negocio’ no parece tener en Guernica ningún asidero. Es una toma que tiene una forma de organización bastante sólida, y el combate a esas prácticas no se da solo por una cuestión ética: también se trata de generar legitimidad, y de que no surjan luchas entre quienes ocuparon”, explica María Maneiro, socióloga e investigadora del CONICET.

La organización de los ocupantes revela que hay una “trama oculta”. “Tenemos que apostar a que los vecinos asentados en los terrenos se organicen, elijan delegados, se distribuyan los recursos, se solidaricen. Esa es una forma de evitar la venta ilegal de lotes. Por eso nosotros propiciamos la mesa de gestión”, explica Alejandro Rusconi, secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Por lo pronto, los vecinos de Guernica eligieron delegados, se reúnen en asambleas, publican el boletín Noti Tierras Recuperadas, marcharon varias veces hacia la intendencia, cosecharon el apoyo de personalidades de la cultura y los derechos humanos y organizaron dos festivales que se transmitieron vía streaming a través de un Facebook al que bautizaron “Historia desde Adentro de la Recuperación de Tierras en Guernica”. “Gracias a la organización popular –publicaron– hemos loteado y abrimos calles, hicimos zanjeo, pusimos la luz, planificamos el barrio y echamos a las personas que han querido hacer negocios con estos terrenos. Queremos que estos barrios se consoliden, se urbanicen, tengan escuelas y jardines de infantes, salitas para atención médica y plazas para disfrutar las tardes en familia al volver del trabajo.” De acuerdo con los expertos consultados para esta nota, esa clase de organización puede ser valiosa: una expresión más de la lucha por la tierra que no debería confundirse con voces como “negocio”, “tramas ocultas” u “organización criminal”.

Los countries no tienen nada que ver. En la disputa por el uso del suelo bonaerense los desarrolladores inmobiliarios se volvieron durante los últimos años protagonistas estelares. “En esos espacios que todavía forman parte de la metrópolis se ven, lamentablemente, dos modelos en pugna. Y digo lamentablemente porque habría que construir otros modelos”, señala Maneiro. Se refiere, por un lado a la utilización de muchos terrenos para muy poca gente –los countries–, y por otro a estas modalidades de ocupación de tierra que suelen ser muy complejas. “Al lado de los lobbies de los barrios cerrados, las tomas son la Armada Brancaleone –marca la experta–, aunque a la vez son capaces de mostrar que hay una necesidad habitacional muy estructural, muy fuerte y muy masiva.”

“Tomas hay desde hace décadas, la diferencia es que antes a esos terrenos no los quería nadie, hablamos de juncales que se inundan o de cavas de las viejas ladrilleras. A veces a los dueños les convenía más esperar a que el Estado los expropiara que pagarle a un abogado. Pero ahora los countries empezaron a disputar esas tierras donde históricamente se asentaron los pobres. Los desarrolladores inmobiliarios aman las cavas ladrilleras porque son terrenos que no valen nada, aunque ellos los venden a un precio residencial urbano de elite”, revela Ricardo Apaolaza, militante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), geógrafo y docente de la Universidad de Buenos Aires.

“Nuestro principal enemigo son los countries que se apropian de las tierras, dejando poco espacio para los barrios obreros”, se lee en una de las ediciones del Noti Tierras Recuperadas. El texto precisa: “En el conurbano bonaerense ya hay más de 600 countries que ocupan dos veces y media la superficie de la Capital. Pero mientras en Capital Federal viven 3 millones de personas, en los countries viven 200 mil. Es totalmente injusto”.

En Argentina sobra espacio para brindar soluciones a estos reclamos. La distribución de las personas en el territorio es un tema que suele despertar un torrente de prejuicios. Entre ellos hay uno que asegura que a la gente se la puede desplazar en un solo movimiento hacia cualquier descampado desprovisto de infraestructura y de servicios, a cientos de kilómetros de las fuentes de trabajo. “Cuando hablamos de derecho a la vivienda no hablamos solamente de un pedazo de tierra y de un techo, sino del derecho al hábitat y a la ciudad. Y eso tiene que ir acompañado de un proyecto integral que incluya lotes con servicios, salud, educación y también la posibilidad de inserción laboral. Hay que mirar cómo crecen las ciudades: lo hacen alrededor de donde está el trabajo. Basta con ver cómo todos los días la gente va a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires”, argumenta Rusconi.

Las tomas amenazan la propiedad privada. Lo que se pone en tela de juicio con la ocupación de terrenos no es la propiedad privada, sino la inclusión urbana. De hecho, uno de los reclamos de quienes ocuparon el predio de Guernica es que el Estado compre ese terreno para lotearlo y venderles luego esos lotes en cuotas que puedan pagar. “No queremos nada gratis –afirman–. Lo que demandamos es un lugar digno donde vivir.”

Apoyar las tomas es defender el derecho a la vivienda. Romantizar las tomas y creer que son la mejor forma de garantizar el derecho a la vivienda representa un peligro. Que las personas tomen tierras habla de una falla del Estado, porque lo que debería existir es la planificación del uso del suelo y acceso al hábitat, y porque los procesos de tomas son, en general, tragedias. Ocupar un terreno implica el sacrificio inmenso de pasar muchísimas horas entre cuatro chapas, conseguirse el agua, arriesgarse a perder el trabajo para quedarse cuidando la parcela, exponerse a que los chicos se enfermen. En las tomas se disparan tiros y se muere gente. “Odio las tomas”, escribió Juan Grabois (2). “Yo no instigo las tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frío, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen enfrentamientos entre pobres. […] Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra”, declaró el coordinador del Frente Patria Grande dejando en claro que si tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, entonces para Guernica y para todas las ocupaciones es menester que las autoridades encuentren una salida justa, pacífica y democrática. Aspiración a la que un debate informado tal vez podría contribuir.

1. www.laizquierdadiario.com/El-negocio-millonario-de-los-que-quieren-desalojar-Guernica

2. Juan Grabois, “Odio las tomas”, Página/12, Buenos Aires, 5-9-20, www.pagina12.com.ar/289944-odio-las-tomas

*Periodista / Fuente: Le Monde diplomatique