El Ministerio de Salud presentó este viernes el protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Se trata del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que quedó oficializado este viernes tras haber sido publicado en el Boletín Oficial, adecuado a la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año.

El documento estipula procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE), y de atención post-aborto.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que se trata de “un pequeño gran paso en la historia por la igualdad ya que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso libre e igualitario a los derechos en todo el territorio nacional, es lo que ocurre ahora con el aborto".

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, participó de manera virtual desde Cuba donde se encuentra en una gira ministrial, y remarcó que el protocolo que comenzó a regir hoy constituye "una herramienta para ampliar derechos".

Ambas funcionarias coincidieron en destacar "el enorme esfuerzo de los equipos técnicos involucrados en el diseño del reglamento que busca garantizar el pleno acceso de las mujeres y otras personas gestantes a los derechos sexuales y reproductivos".

Por su parte, la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, fue la encargada de detallar el protocolo que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumpla la ley IVE, la ILE y la atención post aborto.

El protocolo establece pautas con "precisiones legales y estandariza prácticas basadas en recomendaciones, construidas sobre las mejores evidencias científicas disponibles para abordar situaciones singulares, únicas", aseguró Isla.

“Permite respaldar, legitimar, apoyar y acompañar el trabajo de los equipos de salud que ya realizan las prácticas en el territorio, indicar intervenciones basadas en la mejor evidencia científica actualizada, en las experiencias previas de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales y en las buenas prácticas llevadas adelante por los servicios de ILE", detalló la funcionaria.

El protocolo

La guía contiene dos partes, una dedicada al marco legal que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional.

La segunda parte se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

Esta herramienta que lleva a la práctica médica cotidiana los lineamientos de la mencionada ley, está diseñada en base a la comprensión fundamental de que el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a la IVE.

El artículo 4° de la Ley n° 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la Ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información, y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.

La Ley N° 27.610 enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar con el propósito de informar, asesorar y acompañar a las personas en la toma de decisiones autónomas y es resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la creación en 2007 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la publicación de la “Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles” en sus distintas ediciones.