El Gobierno de Perú promulgó una ley que permitirá indemnizar a las víctimas de esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori  entre 1990 al año 2000.

La ley modifica los artículos 3 y 6 del Plan Integral de Reparaciones (PIR), una ley que tiene como finalidad reparar y compensar las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que hubo entre 1980 y 2000.

En dichos artículos, se reconoce como beneficiarias a las víctimas "de violencia sexual en sus diversas formas", con lo que se otorga el derecho de reparación de estas mujeres a quienes se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, informó el medio peruano Wayla.

En total, 2.073 mujeres denunciaron que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.

Sin embargo, las denuncias que pesan sobre Fujirmori y los antiguos ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga estiman que 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país.