Ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2, el fiscal Diego Luciani, a cargo de la acusación en el marco del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, dijo que el matrimonio Kirchner montó “un auténtico y eficaz sistema de corrupción” y de haber provocado una defraudación millonaria a las arcas públicas.

En una parte de su alegato, Luciani insistió en que tiene por acreditado que “funcionó en el seno del estado una asociación ilícita”, de la que los culpó a ambos. También se refirió a Lázaro Báez, “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa”. A todos ellos los responsabilizó de un “perjuicio económico y social inconmensurable”.

Desde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, ya habían adelantado que no existen pruebas en su contra y para ellos, el fiscal insiste con cuestiones ya desechadas por la auditoría que hizo el propio macrismo. 

En su alegato, que se extenderá por nueve audiencias, Luciani solo mencionó a Cristina Kirchner con el argumento de que la supuesta asociación ilícita "no se podía armar sin el visto bueno de las autoridades nacionales".

Según el fiscal, se eligió la obra pública vial de Santa Cruz como el ámbito de donde sacar fondos del Estado para generarse enormes beneficios económicos. Para eso, dijo, “se le dio al plan algo inaudito: se creó un oferente”. Luciani insistió: “Crearon la empresa constructora que les respondiera”, en alusión a Austral Construcciones.

Cabe recordar, que en la última jornada antes de la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

En su justificación, el organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones. De esta manera, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.

En el marco del juicio, se busca determinar si Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si en las mismas hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Están imputados también, el propio Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López, los ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.