En la mañana este lunes, la fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Ríos, fue víctima de un intento de apuñalamiento por parte de un preso considerado de máxima peligrosidad durante una audiencia en la sala 15 del Polo Penal Judicial de la capital provincial.

El malviviente saltó sobre la abogada e intentó apuñalarla. Luego, quiso escapar del edificio tomando como “escudo humano” a una abogada que realiza una pasantía y se encontraba en la sala de audiencias.

Afortunadamente, la fiscal pudo defenderse utilizando gas pimienta y el agresor fue rápidamente reducido por las autoridades policiales presentes. La fiscal resultó ilesa, mientras que la joven sufrió heridas leves.

El delincuente, ya había sido condenado por dos asesinatos y se encontraba siendo juzgado por otro crimen ocurrido dentro de la cárcel.

El incidente ocurrió cuando el preso se levantó de su asiento en la sala de audiencias y logró evadir la custodia presente, dirigiéndose hacia la fiscal Ríos con un arma blanca. Sin embargo, ella pudo rociarlo con gas pimienta, lo que permitió a las autoridades reducir al agresor y evitar que la funcionaria judicial resultara herida.

Hugo Arredondo (37), el peligroso preso condenado por otros dos homicidios, que intentó apuñalar a la fiscal mendocina. Foto: Diario Uno de Mendoza
Hugo Arredondo (37), el peligroso preso condenado por otros dos homicidios, que intentó apuñalar a la fiscal mendocina. Foto: Diario Uno de Mendoza

El agresor, identificado como Hugo Arredondo Suárez, de 33 años, asistía al juicio en el que él y otros dos presos estaban siendo juzgados por el asesinato de un interno en el penal Almafuerte.

Según informaron los voceros policiales, el arma utilizada por el agresor era de fabricación casera, conocida como "chuza" en el ámbito carcelario. 

Debido al insólito suceso, la justicia de Mendoza se encuentra en estado deliberativo ante la gravedad de lo acontecido. "No ha sucedido una catástrofe de casualidad", consideró uno de los jueces que participará de una reunión que se realizará esta tarde. 

Los magistrados sostienen que hubo un error del Ministerio de Seguridad -tanto del Servicio Penitenciario como de personal policial- al dejar entrar a un preso con un arma blanca a un edificio judicial, superando las instancias de requisa.

Destacaron la falta de garantías de seguridad tanto para los magistrados, como para los funcionarios judiciales, testigos y público en general que asiste diariamente a las distintas audiencias dentro del Polo Judicial Penal.

Debido a este incidente, se inició una investigación judicial para determinar cómo fue posible que el agresor ingresara armado a la sala de audiencias, con el objetivo de establecer las responsabilidades correspondientes.