El abogado Daniel Valmaggia denunció este jueves a la canciller Diana Mondino por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Lo hizo luego de que Ámbito Financiero revelara que la ministra firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que trae modificaciones a las regulaciones de la actividad financiera pese a ser accionista mayoritaria del banco Roela. 

La presentación que también involucra al presidente Javier Milei y a otros funcionarios quedará ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas.

En la denuncia, el abogado remarcó que “el DNU habilita entre otras desregulaciones la del mercado financiero y la privatización del Banco de la Nación Argentina, que es el banco público más grande del país”. En ese sentido señala que “Mondino está de los dos lados del mostrador en cuanto a la posibilidad de hacer negocios” y destaca que el beneficio que acarrea es en su condición de banquera “ya que es accionista mayoritaria del Banco Roela”.

La investigación reveló un potencial caso de conflicto de intereses con la firma de la ministra de Relaciones Exteriores en el DNU. Se pudo corroborar que al momento de publicarse la normativa que permite a los bancos cobrar mayores comisiones e intereses punitorios, la funcionaria conservaba el 49,61% del capital de la empresa.

Ezequiel Nino, especialista en temas de transparencia y cofundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia afirmó que “de acuerdo con las reglas vigentes de conflictos de intereses, la canciller debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU vinculadas a la actividad bancaria en la cual tiene interés patrimonial”. 

Por su parte, desde la fundación Poder Ciudadano, señalaron que “es una situación a prestarle atención” y agregaron que “la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses”.

Más tarde, en declaraciones al diario Perfil, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el doble rol de la canciller, como firmante del DNU y accionista mayoritaria del banco Roela es “totalmente objetable”, en función de que la normativa legisla sobre cuestiones que podrían impactar directamente en su patrimonio. "Si estás en la función pública y firmás o emitís una regulación que afecta un ámbito privado, tenés que excusarte porque hay una incompatibilidad ética, más allá de que te beneficie o no", dijo.

El Gobierno también se refirió a la cuestión: "No hay absolutamente ninguna incompatibilidad, menos aún en la desregulación del sistema financiero. En todo caso uno podría entender que hay un perjuicio y no un beneficio", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. La argumentación que reprodujo en coro el oficialismo, choca con el potencial beneficio que podrían tener las entidades por la liberación de intereses punitorios y comisiones a comercios, y el negocio que se abre si se corre de la cancha a un jugador del peso que ostenta el Banco Nación en el mercado.

Aparte del caso Mondino, la denuncia de Daniel Valmaggia, también apunta al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al asesor presidencial Federico Sturzenegger, al secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, al de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo y al ministro de Salud Mario Russo.

Fuente: Ámbito Financiero.