La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por "violación de secretos" al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, acusado de utilizar datos biométricos “sin una justificación racional”.

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de "acción pública previsto en el artículo 157" del Código Penal.

El artículo correspondiente prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que "revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos".

Se trata de irregularidades en el uso de datos biométricos por parte del Gobierno porteño provistos por el Renaper, en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D'Alessandro, quien debió dejar el cargo, tras tomarse licencia del mismo, involucrado en chats que dejaban en evidencia su relación con actores de la justicia y hechos de corrupción.

Por otra parte, según afirmó a Télam el fiscal Rodríguez, la “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que "se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso".

Sobre ese punto, observó que "el acceso/consultas" a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio "parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales".

En 2019, se incorporó en CABA el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero "salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas", advirtió Rodríguez.

A partir del análisis de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que "existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP".

"Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos", agregó.

Cabe recordar que, entre las personas involucradas en la base de datos, se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.

Además, el fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Al mismo tiempo, también participan de la lista dirigentes de Juntos por el Cambio como la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.

Fuente: Télam