Un núcleo de medios de comunicación difundieron este domingo un escandaloso cruce de audios y mensajes entre jueces, exagentes de inteligencia, funcionarios y empresarios, al que accedieron después de que un teléfono celular fuera hackeado.

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El contenido del mismo apunta a la creación de un espacio común en el que los protagonistas, según se desprende, intentan construir “una única versión” de un viaje reciente y su estadía realizado por todos a Lago Escondido, en Río Negro.

El material es amplio y del mismo se desprenden las posibilidades esgrimidas por los involucrados, y la preocupación porque medios como el diario La Nación o Infobae “levanten” la noticia de la controvertida reunión en la Patagonia.

El hackeo habría provenido del celular del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que denunció le robaron el 19 de octubre pasado, pocas jornadas después del cuestionado hecho.

Completos, los chats hackeados

Es que sobre ellos pesa una denuncia por “dádivas”, ya que la organización y los costos corrieron por cuenta del director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del mismo multimedios, Jorge Rendo.

Entre los funcionarios judiciales involucrados se encuentran el titular del Juzgado Federal Nº 10, Julián Ercolini, además de Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de Casación Penal, Pablo Yadarola, a cargo del juzgado Penal en lo Económico Nº 2, y Pablo Cayssials, del Contencioso Administrativo Nº 9.

Ercolini fue quien instruyó la causa denominada “Vialidad”, que por estas horas tendrá sentencia, y cuenta como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.

De acuerdo al registro del viaje en cuestión, realizado el pasado jueves 13 de octubre, también estuvo el mencionado D'Alessandro y el procurador porteño, Juan Batista Mahiques, y el exjefe del área Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

El chat, que incluye textos y audios, fue armado por los mencionados cuatro días después del viaje, cuando ya pesaba sobre ellos una acusación ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño de sus funciones” y, en Río Negro, fueron denunciados de “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias” por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco.