El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas para investigar las comunicaciones telefónicas y reuniones del expresidente Mauricio Macri entre junio y noviembre de 2018, en el marco de una causa en la que se lo investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal. 

El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba propuestas por el fiscal Franco Picardi, quien había requerido que se identificaran las líneas telefónicas que utilizaron Macri y varios ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno. 

El juez remitió oficios a distintas empresas de telefonía celular para que para que envíen “los registros de titularidad de todas aquellas líneas telefónicas asociadas” a Macri, al ex jefe de la AFI Gustavo Arribas, la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani, y a los ex funcionarios de la central de espías Alan Ruiz (Operaciones Especiales), Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos) y Bernardo Miguens (Oficios Judiciales). 

También pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que “brinde detalle de todas las líneas telefónicas institucionales oportunamente asignadas” a las mismas personas. 

El juez Martínez de Giorgi también le pidió a la Jefatura de Gabinete de la Nación que “aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018” de Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens.

“También, deberán detallarse todos los ingresos que se produjeron en ambas sedes, en aquellos días en los que se verifiquen visitas de las personas nombradas”, requirió el juez en el oficio.