Una vez más, los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, emitieron un fallo en el que atacan directamente la perspectiva de género y la incorporación de esa mirada en el corpus legal argentino. Los magistrados condenaron a cadena perpetua a Jorge Alfredo Joaquín por asesinar a su pareja e intentar asesinar a otra mujer en febrero de 2021. Pero se negaron a incoporar la violencia de género como agravante en el fallo, con argumentos muy agresivos hacia el femicidio como agravante ya incorporado al Código Penal.

"El término ‘género’ ha sufrido un trastocamiento impulsado por esta ideología falaz, pues se pretende que suplante al concepto ‘sexo’. Digo ideología falaz no gratuitamente, sino con toda intención. Porque el trasfondo de esa mutación lingüística es la inútil pretensión del hombre de desconocer ‘lo dado’ (la realidad natural) y reemplazarlo por una ‘construcción’ (la autopercepción humana divorciada de lo que las cosas son)", escribió Anzoátegui en el fallo que luego tuvo la adhesión de su colega Rizzi.

En ese sentido, el fallo dice que "agravar el homicidio sobre la base de ese oscuro concepto constituiría una clara violación del principio de legalidad". Para Anzoátegui, "el hecho de que una ideología sea impuesta coactivamente a los ciudadanos no convierte a esa ideología en una aséptica e inocua política de Estado", lo que consideró "una verdadera tiranía" y lo llevó a compararlo con "el régimen soviético".

El fallo de los jueces busca la provocación directa a quienes sostienen la perspectiva de género: "Es cierto que la ideología de género abre la puerta para que también en este elemento del tipo objetivo haya discusión. Porque, me pregunto, ¿qué habría ocurrido si Joaquín hubiese dicho en el juicio que se autopercibía mujer? O, del otro lado, ¿se ha probado acaso que las víctimas verdaderamente se autopercibían mujeres? ¿No podría aquí instalarse un escenario de duda?".

Antecedentes

Los jueces Anzoátegui y Rizzi cuentan con un largo historial en fallos de este tipo. Por caso, fueron los primeros denunciados ante el registro público de magistrados y magistradas denunciados por situaciones vinculadas a la violencia de género, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura.

En un fallo de 2020, los jueces llamaron "sicarios" y "asesinos a sueldos" a los efectores de salud que garantizaron el acceso a la interrupción legal del embarazo a una adolescente de 14 años que había quedado embarazada de su hermanastro, que la violaba desde que tenía 5 años de edad. Además, compararon la ILE con "métodos de tortura de la mafia".

En otro fallo, Anzoátegui y Rizzi se refirieron a una imputada trans como "el imputado con tendencias homosexuales", mencionándola de forma permanente con pronombres masculinos y como persona con "inclinación objetivamente desordenada".

Los cruzados

En 2013, la Asociación Pensamiento Penal inició una campaña para que se quiten los crucifijos de los tribunales argentinos, apelando a la condición laica del Estado nacional. La de Luis María Rizzi fue la respuesta más resonante: "No voy a descolgar ninguna cruz". Para el magistrado, que en ese momento pertenecía al TOC 30 de CABA, "la Cruz es incompatible con este mundo en el que se confunde el bien con el mal, en el que se privilegian supuestos derechos de la mujer a costa del derecho a la vida de los niños".

En aquel momento se generó un debate dentro del mundo judicial. Y Javier Anzoátegui apoyó a Rizzi. En su texto, admite que "no hay norma legal ni reglamentaria que disponga" la presencia del crucifijo en una sala judicial, pero la defiende por ser una tradición establecida durante 150 años. "Nuestro pueblo nació católico y sigue ligado a Cristo de una manera entrañable", escribió Anzoátegui.