La discusión por los subsidios al consumo energético que otorga la Nación y reciben las provincias para abaratar el precio final que enfrenta la demanda se convirtieron en uno de los ejes de discusión y enfrentamiento político en la previa de las recientes elecciones legislativas.

En un rincón del ring se ubicó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien se puso la campaña al hombro con el embate sobre los “privilegios” que recibe Buenos Aires por sobre el resto de las jurisdicciones.

En la otra esquina del cuadrilátero virtual que copó las redes sociales, el Gobierno nacional, a través de la vicepresidenta Cristina Fernández (una de las mencionadas directamente en la afrenta) y los funcionarios del área de Energía, quienes descartaron de plano una posible “discriminación” hacia la provincia mediterránea y, en cambio, aseguraron que el precio “al que el Estado Nacional le vende la energía a las distribuidoras provinciales es el mismo en todo el territorio nacional (1.760 $/MWh)”.

Sin embargo, cierto es que una factura de un consumidor residencial medio en el AMBA es de $870 mensuales, mientras que una de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) alcanza los $2.449 mensuales, con el mismo volumen de energía consumido.

¿El Gobierno nacional otorga subsidios diferenciados a las provincias para cubrir el costo del consumo de energía? Según explicó a Redacción Mayo Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de la Energía (IAE) “General Mosconi”, ex secretario de Energía de la Nación y ex subsecretario de Planificación Energética, el subsidio a la generación de energía eléctrica es igual para todas las provincias.

“La energía eléctrica generada que consumen todos los argentinos está fuertemente subsidiada tanto en el AMBA, como en Mendoza, como en Córdoba. El subsidio es exactamente el mismo. La gran parte se destina a la generación de energía eléctrica. De hecho pagamos aproximadamente el 40% de lo que realmente cuesta la energía que consumimos”, indicó.

“Después puede tener una parcial razón el gobernador (Schiaretti) cuando se refiere a los costos de la distribución de la energía, que es una parte menor de la tarifa que se paga”, dijo y explicó: “Hay un viejo reclamo que indica que la tarifa de distribución en el AMBA puede tener un subsidio mayor al del resto del país”.

Tres factores

Desde el mismo Instituto Mosconi, el director del Departamento Técnico y economista especialista en energía, Julián Rojo, detalló que son tres los factores que explican el precio final de la tarifa de la energía.

El primero de ellos es el precio que pagan las distribuidoras por la energía eléctrica. Ése es el mismo en todo el territorio nacional. La diferencia entre los 1.760 $/MWh y los 5.000 $/MWh ó 6.000 $/MWh que sale producir la electricidad lo cubre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que absorbe ese costo y luego recibe fondos públicos para cubrirlos, lo que da origen a las transferencias corrientes conocidas como subsidios a la energía.

El segundo componente es el valor agregado de distribución, que lo determina cada ente regulador y es lo que cobra cada distribuidora por prestar el servicio, teniendo en cuenta sus costos particulares. “Hay un montón de factores que afectan esta estructura de gastos: no es lo mismo, por ejemplo, prestar servicio en una ciudad super aglomerada y concentrada, como CABA, que cuando hay más dispersión como en un pueblo o en una ciudad más pequeña, porque tenes más cableado, más infraestructura”, sostiene Rojo.

El tercer componente son los impuestos. “El IVA lo cobran todas las distribuidoras, pero después tenés lo que se llama la captura de recaudación”, explica Rojo. “En las provincias está permitido que se cobren impuestos municipales a través de la boleta de energía, porque es fácil de recaudar. Eso encarece la boleta final en las provincias. Edenor y Edesur, al estar bajo la jurisdicción de la Nación, no pueden incluir en sus boletas impuestos provinciales o municipales, por lo que eso explica gran parte de las diferencias interprovinciales”, concluye.

Costos y precios de la energía

Según el último Informe de Tendencias Energéticas del IAE correspondiente a noviembre, en octubre pasado el costo monómico (costo promedio de generación eléctrica) aumentó 67,1% en relación a igual mes del año anterior, mientras que el precio monómico estacional (lo que paga la demanda en promedio) aumentó sólo 22,6% interanual.

La variación en los costos se encuentra por encima del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) que monitorea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), que en el mismo periodo se incrementó 56,4% interanual, mientras que el precio que paga la demanda aumentó considerablemente menos que ambos en el mismo periodo, debido al congelamiento tarifario.

De este modo, el precio promedio que pagó la demanda alcanzó a cubrir casi el 40% de los costos de generación en el mes de octubre.

Al respecto, el IAE recordó que en julio y agosto de 2021 la demanda alcanzó a cubrir sólo 28,5% y 30,9% del costo de la generación de energía respectivamente. Asimismo, añadió que en octubre de 2020 el precio promedio pagado por la demanda cubría el 55% de los costos de la generación eléctrica. “Esto revela que hubo un retroceso en la cobertura de los costos de 15 puntos porcentuales”, en un año, explicó el informe.

Al mismo tiempo, y pese a reconocer que el contexto de la pandemia de coronavirus y las restricciones impuestas a la actividad fueron justa causa para el congelamiento de las tarifas, advierte que el descalce entre costos, precio y tarifas de la energía eléctrica se ha mantenido por un período prolongado. Y remarca que “mientras los costos crecen 60% anual, el precio que paga la demanda lo hace en sólo 10%”.

Subsidios y política macroeconómica

En contrapartida, las transferencias del Estado nacional para cubrir esa diferencia (subsidios energéticos) acumuladas entre enero y octubre de este año fueron de 850 mil millones de pesos, lo que equivale a unos 9.055 millones de dólares, según la información suministrada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Así, los subsidios aumentaron 138% respecto a igual período de 2020.

De acuerdo con el detalle del Informe de Tendencias del IAE, Cammesa -la encargada de vender la energía a las distribuidoras provinciales- lideró la recepción de transferencias con 544 mil millones de pesos (5.800 millones de dólares), mostrando un aumento de 107,6% y ocupando el 64% del total de los fondos ejecutados.

Los datos fueron confirmados por Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants, quien aseguró que “lo que se subsidia desde el Tesoro Nacional a los consumidores de gas y electricidad está en el orden del equivalente a nueve mil millones de dólares. Casi un billón de pesos”.

En una conferencia virtual organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y AmCham Argentina, Gerol aseguró que “se cobran tarifas de gas y electricidad a un precio muy inferior al que deberían tener”.

Y alertó que si en 2022 “no se aumentan las tarifas, considerando que las importaciones de gas natural licuado, gas de Bolivia y gasoil van a ser a un precio mucho mayor de lo que fueron este año, el subsidio va a ser equivalentes a 16 mil millones de dólares, si el dólar se mantiene en un promedio de 120 pesos que es lo que dice el presupuesto. Ese escenario sería explosivo”.

El peso de los subsidios energéticos sobre la economía se nota aún más si se amplía el período observado. Así, según afirmó en su exposición en el seminario sobre el “Futuro Energético” organizado por el IAE el ingeniero Juan Carlos Blanco, de Enel (firma eléctrica multinacional de origen italiano), entre 2002 y 2020 los subsidios energéticos sumaron 143.000 millones de dólares. Esta cifra supera en más de tres veces, los 44 mil millones de dólares de deuda que la Argentina tiene y está renegociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esa misma comparación fue la que utilizó Lapeña para explicar que el problema de los subsidios energéticos es “mayúsculo”.

“La estadística muestra que al mes de octubre el sector energético ha consumido alrededor de 9 mil millones de dólares en subsidios. Todavía falta contabilizar noviembre y diciembre, con lo cual el año va a terminar con 10 mil millones de dólares de subsidios y un poco más. Y esta es una cifra intolerable para la economía argentina”, indicó el especialista en diálogo con Redacción Mayo.

Y sentenció: “Si pensamos que el crédito con el FMI fue de 44 mil millones de dólares y la Argentina no lo puede pagar, pensar en sostener un ritmo de 10 mil millones de dólares por año en subsidios a la energía implica que Argentina debería estar pidiéndole un crédito al Fondo Monetario cada cuatro años y eso es un absurdo”.

Aumento en puerta

Las cifras no pasan desapercibidas para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien además está al frente de la renegociación de esa deuda.

Por ello, el proyecto de ley de Presupuesto 2022 que por estos días se analiza en el Congreso muestra que la partida destinada a servicios económicos en el rubro “energía, combustibles y minería” se reducirá de 2,2% a 1,7% del PBI.

Este año esa partida viene demandando 971.794 millones de pesos y la proyección es que en 2022 se elevará a 1.024.718 millones, un 5% en términos nominales, lo que supone una caída de 0,5 puntos del PBI.

El propio texto del Presupuesto aclara que las transferencias a Cammesa tienen como propósito cubrir los costos que no son atendidos directamente por los usuarios, y prevé que en 2022 el 43% de los costos sean cubiertos por la tarifa lo que implicará un ajuste por encima del meramente inflacionario.

En efecto, el Gobierno confirmó en más de una oportunidad que se implementarán aumentos en las tarifas de la electricidad y el gas a partir de marzo del año que viene, con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario, lo que supone que se van a usar las herramientas disponibles -como los datos de la Anses- para realizar la estratificación de los usuarios hasta tanto se cree una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), que tendrá un plazo de un año, según lo que explicó días atrás el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

Esta nota fue publicada originalmente por Redacción Mayo