El plan de desguace del Estado anunciado por el presidente electo Javier Milei y la confirmación de despidos masivos generó un fuerte malestar entre los trabajadores estatales que avanzarán en las próximas horas con paros sectoriales.

Las reuniones de transición en las distintas áreas de la administración pública reafirmaron que habrá desvinculaciones a la brevedad, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) activará huelgas.

La información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos.

El sindicato alentó a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.

“La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro”, apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión”, señaló el dirigente.

La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando elmiércoles un paro de 72 horas en el SENASA.

Cabe destacar que una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas.

También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último, pone en riesgo el status sanitario argentino.

La información surgió luego de que la conducción de ATE mantenga reuniones con trabajadores que formaron parte de los intercambios entre las gestiones saliente y entrante, y pudo conocer que quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, no importando la antigüedad que tengan. Los cálculos del gremio hablan de “más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos”.

Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.

Fuente: Mundo Gremial.