Tras el escándalo por el viaje de jueces federales, directivos del Grupo Clarín, funcionarios y otras personas a Lago Escondido, presuntamente pagado por la empresa de medios, la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare imputó a los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth.

En la lista figuran también Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Es por la presunta comisión de delitos de acción pública  y además le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez una serie de medidas de prueba para investigar las circunstancias del viaje que hicieron ellos junto a dos altos directivos del Grupo Clarín, el 13 de octubre pasado a esa ciudad.

Por otra parte, solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los imputados y también el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A (la firma dueña del avión), para recabar los datos bancarios necesarios y determinar la veracidad de las facturas y pagos y si, efectivamente fueron los denunciados quienes hicieron los pagos o si se registran pagos anteriores por esos montos efectuados por terceras personas físicas o jurídicas.

También requirió a la jueza solicitar a la AFIP que analice "la autenticidad de las facturas presentadas en autos por las empresas mencionadas precedentemente. Algunas de ellas, emitidas dos semanas después de que hubieran consumido los servicios allí consignados”.

Las actuaciones se iniciaron el 24 de octubre pasado, tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, quien formuló la presentación ante la Fiscalía a raíz de una nota periodística publicada en el diario Página 12.

En el escrito la fiscal señala que ordenó medidas probatorias y pudo comprobar la presentación de facturas sospechosas por pagos al contado del viaje, como también la confirmación de quienes estuvieron involucrados.

"La existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”, continúa la fiscal.

Además, la representante del Ministerio Publico Fiscal detalla en su dictamen que “a esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad".

En esa dirección, concluye que "adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, indica el dictamen de la Fiscalía.

Ahora la jueza Domínguez  debe definir si se declara competente para atender esta causa o la envía a Comodoro Py, intención que quedó explicitada por los denunciados en los chats que se filtraron.

Entre los jueces federales que viajaron y crearon el grupo de whatsapp, para desactivar la información que los involucraba, tienen o tuvieron que decidir en varias de las causas en las que está involucrada CFK, como también beneficiaron con sus fallos al propietario de Lago Escondido, Joe Lewis y al grupo Clarín, en diferentes causas.

El escándalo estalló a mediados de octubre cuando trascendió públicamente el viaje, a partir de una publicación del diario Página 12, luego de que trascendiera un documento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que consignaba la llegada del vuelo con sus ocupantes.

Luego, los jueces federales, los empresarios, el jefe de los fiscales de CABA y el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Dalessandro, crearon un grupo de whatsapp para intentar modificar los pagos realizados, operar a los medios de comunicación y hasta la propia fiscal ante la que se presentó la denuncia, que luego se conocieron tras una filtración.