El proceso judicial data de una asamblea que trabajadores llevaron adelante los días 6 y 7 de diciembre de 2013 en el Hospital de Niños de Córdoba, denunciando la falta de insumos.

El director del nosocomio, Néstor Perotti, realizó en su momento una denuncia contra cinco involucrados tras los reclamos. Pero ante la falta de pruebas con el avance del tiempo, sólo quedó acusada Estela Giménez.

Histórica dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), hoy ocupa el cargo de Secretaria Adjunta, y el gobierno provincial la querella solicitando su desafuero para darle paso a la cesantía.

Este martes a las 11:00, la enfermera declara en Tribunales III, en la Justicia Laboral. Y varias asociaciones, entre ellas la Asociación Sindical de profesionales de la Salud de Buenos Aires (Cicop), convoca a una movilización al grito de "La libertad sindical es un derecho".

En la presentación realizada por el Ministerio de Salud cordobés, se plantea que la mujer “arrogándose la condición de delegada de UTS tuvo activa participación en los hechos que son base de la imputación y que tomaron estado público de relevancia, producto de lo cual se privó de asistencia médica a numerosos niños, haciendo valer un interés exclusivamente particular, por encima de un interés público".

En el camino, el fiscal Pedro Caballero intentó elevar el proceso a juicio en 2019, aunque la Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes.

Convocan marcha en apoyo a la enfermera y dirigente Estela Giménez

La versión de Estela

Desde sus redes sociales, la dirigente recalcó que aquellas protestas fueron "en defensa del Hospital de Niños", ya que "en esa época era muy difícil trabajar por la falta de insumos... no teníamos ni siquiera lo más básico: soluciones, antibióticos, analgésicos entre otros".

Remarcó que en aquel tiempo "asegurábamos la atención de todos los pacientes", en respuesta al planteo de la Provincia.

"A razón de esas protestas el ministerio de salud de la provincia decidió que nunca más las direcciones de los hospitales manejarían los presupuestos ( el dinero) para los insumos, desde entonces se compran en el área central y de ahí se distribuyen a los distintos hospitales", sentenció.

Y se diferenció planteando que "protestar es un derecho constitucional de todo trabajador, no es un delito. Delito es criminalizar la protesta para callar las voces".