En esta jornada se reanudaron las audiencias en el juicio por el crimen de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba, por el que hay 13 uniformados imputados. 

Fue el turno de testigos particulares en el marco de la demanda civil iniciada por la querella, que reclama una millonaria reparación económica, tanto a los policías como al estado provincial.

Crimen de Blas: se reanudan las audiencias y declaran testigos particulares

En la Cámara Octava del Crimen con jurados populares, el proceso continuará hasta fin de año con otras dos audiencias, previstas para el martes próximo y la última del año para el 26 de diciembre, tras lo que habrá un paréntesis hasta febrero de 2023, donde se retomará el proceso con los testigos que aún falten declarar en el juicio.

De acuerdo a las previsiones, y de no mediar inconvenientes, luego de finalizar las rondas de testigos, comenzarán los alegatos de la Fiscalía,  las defensas de los 13 imputados y la querella, tras lo que el tribunal estará en condiciones de dictar sentencia, lo que ocurriría a mediados de marzo del año próximo.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) que, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien según la pesquisa disparó en dos oportunidades. 

Ambos afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos". 

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica. 

Los cargos que enfrentan son de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con los chicos.