En el marco de un nuevo femicidio en la provincia de Córdoba, ocurrido en la localidad de Salsipuedes, se conoció que Matías Aragone (44), el agresor, ya tenía una denuncia por violación de domicilio y amenazas calificadas contra su pareja, Carmen Andrea Aguirre (38) en el año 2019, causa que fue tramitada por la Fiscalía de Violencia Familiar 1, que pidió su elevación a juicio.

De acuerdo a los registros de Cba24n.com.ar, en lo que va de 2023 se contabilizaron 16 femicidios, es decir mas de uno por mes (1,3), mientras que el año pasado ese número llegó a 22, un promedio de casi dos por mes (1,9).

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A pesar de ese pedido para llevarlo a juicio, la Cámara Séptima del Crimen nunca confirmó la realización del juicio. 

De acuerdo a lo informado por fuentes de ese tribunal a www.Cba24n.com.ar, esa causa no tenía prioridad de juzgamiento, en virtud de que los informes de los equipos técnicos de Violencia Familiar, concluían que no había riesgo.

Además, la victima no se había constituido como querellante después de la imputación y el hombre no tenía antecedentes penales, por lo que estuvo detenido algunos días, hasta que luego de prestar declaración indagatoria, el fiscal de Instrucción dispuso su liberación y lo imputó.

El fiscal Pablo Camacho, expresó sin embargo que en esa denuncia había pruebas suficientes para llevarlo a juicio, cosa que finalmente nunca sucedió, ya que pasaron cuatro años desde el pedido de elevación a la Cámara Séptima del Crimen. 

La liberación del sujeto se dio en el marco de que no existía riesgo procesal para mantenerlo detenido

Cuando se presentó la denuncia original, secuestraron un arma blanca a Aragone, aunque de acuerdo a lo señalado en la  justicia, “nada hacía prever este final”.

Desde la misma Cámara señalaron que de acuerdo a lo informado por organismos oficiales, luego de aquel hecho, no hubo denuncias posteriores, ni por Violencia de género, ni en materia penal.

No obstante, desde la justicia aseguran que en caso de haber sido declarado culpable en ese juicio que nunca empezó, lo mas probable hubiese sido una pena de prisión de ejecución condicional.

Las penas en el caso de amenazas calificadas van de 1 a 3 años de prisión y las de violación de domicilio, de 6 meses a 2 años.