Luego del femicidio ocurrido en Alta Córdoba y ante las críticas vertidas por familiares de las víctimas al accionar de la justicia y de los organismos correspondientes, la Fiscal General Adjunta de la Provincia, Bettina Croppi, reconoció que no fue posible “evitar lo ocurrido, ya que se tomaron todas las medidas necesarias para impedir que el hecho sucediera”.

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Al ser consultada sobre si hechos similares podrían repetirse, la funcionaria judicial admitió que pueden volver a suceder. “Claro que si”, remarcó, aunque aseguró que “tampoco se puede saber cuantos casos se pueden evitar”. 

Croppi defendió la actuación de la Justicia y resaltó que “esto resulta muy importante como respuesta a las víctimas. No quiero crear un mensaje que desaliente las denuncias”, afirmó y agregó que hay “cinco mil botones antipánico monitoreados”. 

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“Que estos hechos pueden ocurrir es verdad, pero no sabemos cuántos hechos de esta gravedad impedimos que ocurran con la existencia del botón antipánico”, aseveró.

En esa dirección, la funcionaria judicial recordó que “conforme lo que analizamos y en base a la información brindada por el fiscal a cargo de la causa, existían tres denuncias previas. Dos de ellas realizadas por Mercedes Martínez”, la ex pareja del femicida Bottone, presentadas en los meses de octubre y noviembre del 2021.

Croppi detalló que “la primera de ellas no configuraba delito, era una situación de violencia económica. No obstante ello, se le brindaron las medidas de protección acordes a la violencia de género, como el botón antipánico, incautación de armas y se excluyó del hogar al agresor y se estableció restricción de contacto”.

Luego añadió que un mes más tarde, Bottone violó la medida de restricción, por lo que “fue imputado por desobediencia a la autoridad”. Un año después, en 2022, Milagros Bottone, la hija de 23 años asesinada por su padre, lo había denunciado “por amenazas simples en su contra”. 

La Fiscal General Adjunta de Córdoba señaló que “conforme al sistema que nos rige, el femicida no presentaba riesgo procesal y no correspondía ordenar su detención”, ya que la calificación legal de los hechos no lo ameritaba.