En el marco de las investigaciones llevadas adelante para determinar eventuales responsabilidades en los casos de Luciano Aranda, el adolescente de 14 años que murió electrocutado en una plaza de barrio Alto Alberdi y de Javier Willington, quien salvó su vida de milagro tras sufrir una descarga eléctrica en barrio Jardín, el fiscal de Distrito 1 Turno 2, Guillermo González imputó en total a cinco personas entre funcionarios y empleados municipales.

A cinco meses de la muerte de Luciano Aranda, el dolor sigue presente

De acuerdo a la información brindada por la fiscalía, en el caso de Luciano Aranda, quien falleció el 25 de enero pasado luego de tocar un poste del alumbrado cuando jugaba un partido de fútbol en la plaza ubicada en Achával Rodríguez al 1900, quedaron imputados por "homicidio culposo"  Ramón Cuello Jefe del Dpto. de Mantenimiento de Alumbrado Público Municipal, Marcos Farioli, a cargo de  Sección Mantenimiento, y Julio Sebastián Banegas también a cargo de Sección Mantenimiento y a Hugo Chocobares, empleado del municipio capitalino.

En tanto que en el caso de Javier Willington, González imputó por "lesiones culposas" a Ramón Cuello (también imputado en el otro hecho) y a Omar Álvarez, Jefe de la Sección Mantenimiento Zona 4 de Alumbrado Público Municipal. En ambos casos, el fiscal aclara en el escrito que la investigación sigue adelante y no se descartan nuevas imputaciones.

Al conocer la noticia, Vladimir Aranda, el padre de Luciano se mostró conforme con las imputaciones, "aunque nadie me va a devolver la vida de mi hijo", aseguró. En ese sentido, remarcó que "espero que hagan lo que tengan que hacer y que cumplan la función que les corresponde" a los funcionarios municipales. "Creo que después de lo ocurrido con mi hijo, ningún padre ni ninguna madre ha podido estar tranquilo en una plaza con su hijo", expresó.

A su turno, el abogado representante de la familia Aranda, Carlos Nayi señalo que "más allá de que se haya vandalizado o no" el alumbrado público y que existió una actitud "negligente y abandónica" por parte del Estado, al no brindar el servicio de mantenimiento, lo que culminó con la muerte de Luciano Aranda.

"Hay una clara responsabilidad indelegable en materia de seguridad pública" por parte del Municipio, aseguró Nayi. En esa dirección sostuvo que "el tablero debió estar fuera del alcance de la mano, como así también una jabalina con conexión a tierra y el cable neutro, entre otras circunstancias que no fueron tenidas en cuenta".

Caso Luciano Aranda-Carlos Nayi, abogado querellante. Sobre imputaciones a funcionarios municipales.