El estado provincial fue condenado a pagar una indemnización millonaria al viudo de una médica de 67 años, que trabajaba en el centro de salud de barrio Ciudad Evita y falleció en octubre de 2020, luego de contraer coronavirus en plena pandemia, mientras regía la excepción para el trabajo presencial de las personas mayores de 60 años, consideradas grupos de riesgo.

Pablo Pecchio, a cargo del Juzgado de Conciliación y Trabajo de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba, hizo lugar a la “indemnización por fallecimiento prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) a favor del viudo de la profesional de la salud fallecida por causa de Covid-19” y condenó al Gobierno de la Provincia a pagar una suma de casi 20 millones de pesos.

La médica, dependiente de la Provincia de Córdoba, había trabajado en ese centro de Atención Primaria de la Salud, pese a que, por su edad, se encontraba dispensada de prestar tareas. La profesional continúo prestando servicio hasta que, a fines de octubre de 2020, contrajo la enfermedad y pocas semanas después, falleció a causa de un “shock cardiogénico irreversible - neumonía por COVID 19”.

En el fallo, el magistrado resaltó el “extenso derrotero” que debió atravesar el viudo para lograr que se reconociera el carácter laboral de la enfermedad de su esposa, que luego le provocó la muerte. Como si esto fuera poco, a la fecha de la sentencia, la Provincia continuaba adeudando las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.

“Teniendo en cuenta la cuestión estrictamente humanitaria involucrada en esta causa, así como los principios de justicia social que cimentan el régimen legal sobre riesgos del trabajo, se exhorta a la demandada (la Provincia) para que extreme la diligencia en el cumplimiento célere y adecuado de las obligaciones respectivas”, expresó el magistrado en su resolución.

En otro reproche a la Provincia, la exhorta a “racionalizar la gestión pública estatal” para evitar el dispendio innecesario de recursos económicos e institucionales por parte del Estado. 

La sentencia se dictó a los dos meses de iniciada la demanda, "mediante la modalidad de Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) y con concentración de los actos procesales" y condena “al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba a pagar 19.198.913,71 pesos”.

Informe de Jorge Vasallo desde Tribunales by cba24n.com.ar