El camarista federal Ignacio Vélez Funes (73), quien fue denunciado por acoso laboral y maltrato a mediados de mayo, sumó una gravísima causa en su contra: una empleada a su cargo dijo que fue víctima de acoso sexual en 2003 y que, tras rechazar al magistrado, fue sometida a discriminación y maltrato laboral durante 20 años.

El nuevo hecho fue presentado ante el Consejo de la Magistratura, agregándose a las denuncias mencionadas, llevada adelante por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN).

Ver: Piden la remoción del vocal federal Ignacio Vélez Funes por violencia, acoso laboral y maltrato

Además, en la nueva acusación se anexan otros dos casos de presunto abuso sexual perpetrados presuntamente por Vélez Funes. Uno data de 1986 y habría ocurrido en el Colegio de Abogados de Córdoba, donde la periodista Marta Platía habría sido víctima, y el otro se habría dado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En ambos casos el juez habría tocado partes íntimas de las denunciantes, según publica La Voz.

La presentación suma a nuevos presuntos damnificados de maltrato laboral por parte del reconocido juez, desde funcionarios, ordenanzas, oficiales de justicia y personal de limpieza que denuncian hostigamiento y maltrato.

La denuncia por acoso sexual y la posterior “venganza”

En la ampliación de la primer denuncia en el Consejo de la Magistratura de la Nación, se cuenta detalladamente “una situación de acoso de índole sexual en el marco de la prestación de servicio, con una persecución laboral con maltrato, acoso, hostigamiento y humillación, pocas veces visto, y que fue padecido por una trabajadora”.

Foto Cedoc Perfil
Foto Cedoc Perfil

Según la presentación, los “problemas con el camarista comenzaron en el año 2003, a poco tiempo de haber sido nombrado (Vélez Funes) en el cargo, mientas la misma (empleada) se encontraba desarrollando tareas en su despacho y colaboraba en la elaboración de un proyecto de sentencia”.

La presunta víctima relató que tras una larga jornada de trabajo con el magistrado notó que “por momentos el señor Vélez Funes aprobaba las correcciones, pero que seguidamente se enfurecía y comenzaba a gritar, notando incluso como que le salía un tipo ‘espuma por la boca’, como que se brotaba y se notaba un fuerte desequilibrio en ese momento”.

“De repente y en una de esas entradas al despacho para corrección de proyecto, el señor Vélez Funez se le abalanza y comienza a tomarla, tocar e invadir en su intimidad, a lo que la agente contestó con gritos fuertes de enojo y se lo sacó de encima”, continúa la denuncia.

Tras el rechazo de la empleada, según el escrito comenzó su pesadilla: si bien la mujer sostuvo que le costaba hacer la denuncia en ese momento y probar lo referido, se mencionan a “testigos mudos”, entre ellos un relator que hoy es un conocido “juez federal del interior de Córdoba”, que fue propuesto como testigo del aberrante episodio ante el Consejo de la Magistratura.

Entre los padecimientos que se relata sufrió la presunta víctima, hubo repercusiones personales y laborales: tuvo que “dejar de cursar la adscripción en derecho administrativo -la cátedra de Vélez Funes- en la Facultad de Derecho de UNC. Además, “luego del rechazo, comenzó una persecución y hostigamiento” en el trabajo, lo que la obligó a hacer “numerosas presentaciones por falta de imparcialidad y objetividad en las calificaciones realizadas por el magistrado a la agente, incluso ante este Consejo de la Magistratura”.

En 2009, la mujer contó que sufrió maltrato laboral cuando “el magistrado la abarrotó de trabajo, y que tiempo después por prescripción médica debió tomar licencia por un período prolongado ya que la situación la había afectado mucho”. Aún de licencia, señaló que Vélez Funes “le exigía constantemente cumplir con tareas y presentar trabajos".

El Consejo de la Magistratura debe resolver sobre las denuncias y el eventual apartamiento de Vélez Funes. Foto: El Litoral
El Consejo de la Magistratura debe resolver sobre las denuncias y el eventual apartamiento de Vélez Funes. Foto: El Litoral

Según la presentación, “a raíz de su rechazo y confrontación, el denunciado le había retirado (a la empleada) la confianza personal como relatora, incluso mediante una nota presentada ante sus pares, nota ante Colegio de Abogados, amenaza de juicio de daños en su contra y de denunciarla judicialmente por desconocer la jerarquía, autoridad o mando ya que entendía que se había excedido en las defensas realizadas de su carrera”.

Y se menciona en detalle la cantidad de maltratos que la mujer habría padecido: “que también le habría ordenado que trabajara en un lugar sin ventanas ni luz natural y mirando a la pared”, a lo que ella se negó. La “escalada de situaciones de violencia laboral” la llevaron a realizar presentaciones ante la misma Cámara Federal “por los continuos cambios de lugar de trabajo, generándole obstáculos en la carrera docente y su participación en la Facultad de Derecho, lo que la llevó también a realizar presentaciones ante la Defensoría de la Comunidad Universitaria” de la UNC.

La denunciante señaló que entre 2012 y 2017 no pudo obtener ascensos por las “constantes descalificaciones del camarista”, agregando que el primer cargo lo consiguió “luego de realizar muchas presentaciones y agotar la vía administrativa, recién obtiene un ascenso luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” interviniera, de acuerdo a lo publicado por La Voz

Se describen en el texto numerosas situaciones de humillación, descalificación, persecución y hostigamiento contra la denunciante que " no solamente le perturbaron en su salud psicofísica sino también en su carrera laboral, la cual se vio permanente y gravemente afectada -por 20 años-, y por la cual tuvo que recurrir hasta las máximas instancias administrativas”.

Por último, UEJN indica que los “hechos narrados precedentemente -de acoso sexual y violencia y acoso por razón de género- son prueba suficiente -ampliación- para ser considerada la causal del mal desempeño del magistrado y su suspensión inmediata, en virtud de las numerosas víctimas y testigos que trabajan día a día en tribunales federales y que quieren concurrir a un ambiente laboral sin violencia”. Habrá que ver cuál es la decisión del máximo órgano de contralor de los magistrados.