Por la investigación del cumplimiento del aforo del 50% en los estadios, se imputó a Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, presidente de River y Vélez, respectivamente y a sus comisiones directivas. 

En las imágenes de la vuelta del publico a la cancha, se vio un exceso en la capacidad permitida tanto en el Monumental como en el Amalfitani. 

Se les imputó por los artículos del Código Penal 205 por propagación de una epidemia y el 239, resistencia a la autoridad.

Las penas para el primer articulo con prisión de seis meses a dos años y el segundo  con prisión de quince días a un año.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía allanaron el Monumental para investigar el cumplimiento del aforo, donde se verán las cámaras de seguridad, documentos y datos de los molinetes.