El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura en Chile, a días de cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973, mientras que familiares de víctima destacaron a Télam que es la primera vez que un Gobierno asume la "búsqueda de verdad y justicia".

“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, frente al Palacio de La Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).

El plan se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", informó la presidencia en su página web.

El también llamado Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos; "esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada".

"Es primera vez que un presidente de la República, desde el año 90, asume desde la institucionalidad una conducta de búsqueda de verdad y justicia. Yo lo saludo con mucha satisfacción. Me parece que es muy importante lo que hoy día ha ocurrido", dijo a Télam la diputada oficialista Lorena Pizarro, quien fue además presidenta (2003-2022) de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la principal organización de este tipo en Chile.

"No es solo la búsqueda -como alguna vez se intentó hacer- de destino final, sino que esto significa hacerse cargo del contexto en que ocurrió, de quién planificó el secuestro, el exterminio, dónde estuvieron hasta el último momento de vida de cada uno de nuestros familiares, y busca conocer el nombre de los responsables. Es algo que no había ocurrido", detalló Pizarro.

La referente también destacó la voluntad del Gobierno de que estas acciones sean "permanentes".

"Siempre en Chile conocimos la existencia de comisiones que se instalaban por algún tiempo y luego no seguían en una función, como si Chile hubiese resuelto su obligación internacional de dar garantías de no repetición. Es muy importante que aquí estamos hablando de algo que debe estar enquistado en el Estado de manera permanente", agregó.

Fuente: Télam.