La imagen de Chile sigue siendo la de un país inmerso, un día más, en la vorágine de unos disturbios que llevaron al gobierno a anular el encuentro del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).

Los encuentros hubieran tenido lugar el fin de semana del 16 de noviembre y el 2 de diciembre, respectivamente.

"Sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar, tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos tengo siempre que poner primero los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas", dijo Sebastián Piñera en conferencia de prensa.

Esta decisión no solo fue un revés para los comercios y hoteles en Santiago, que esperaban recibir a las decenas de delegaciones y a todas las personas relacionadas al evento. Además, Chile pierde la extraordinaria oportunidad de haber sido escenario del cierre de un acuerdo histórico entre Estados Unidos y China, que pondría fin a la guerra comercial entre ambas potencias.

Chile renuncia a organizar las cumbres de APEC y COP25

Mientras tanto, Piñera dice estar dispuesto ahora a acometer, incluso, una reforma constitucional para apaciguar los ánimos en la calle. El pasado miércoles, el llamado paro nacional que comenzó de forma pacífica con los manifestantes desfilando por primera vez frente al Palacio de la Moneda, derivó una vez más en duros enfrentamientos con Carabineros, que utilizaron gases lacrimógenos y vehículos antidisturbios que lanzaban agua, conocidos en el país vecino como guanacos.

Piñera anunció su intención de abrir un proceso de diálogo antes de emprender las reformas estructurales que ayuden a limar el modelo neoliberal en salud, educación o pensiones que se mantiene desde la dictadura de Pinochet; y construir un sistema más justo.

Lo que comenzó como un acto de rebeldía tras la suba de cuatro centavos de dólar al precio del boleto de subte acabó por dinamitar la imagen de Chile, en medio de un estallido social que ya dejó veinte muertos. A eso se le suman más de 840 denuncias por presuntas violaciones institucionales de los derechos humanos en dos semanas de violencia, enfrentamientos y represión.