Bruselas anunció este martes la adopción de nuevas normas encaminadas a favorecer el alargamiento de la vida útil de los electrodomésticos, su menor impacto ambiental y el ahorro económico para los ciudadanos. Para alcanzar ese triple objetivo, pondrá en marcha una batería de nuevas obligaciones para los fabricantes: los repuestos deberán estar disponibles un mínimo de siete años después de que el consumidor compre el aparato y 10 años en el caso de lavadoras y lavavajillas, que además deberán utilizar menos agua.

La propuesta, que entrará en vigor en 2021, trata de evitar que los usuarios acaben tirando a la basura productos susceptibles de seguir funcionando por la ausencia de repuestos o herramientas para arreglarlos. La secuencia es familiar en muchos hogares: una vez se produce el deterioro y el cliente busca una solución, se topa con que el repuesto ya no existe en el mercado, lo que le empuja a tirar el aparato y adquirir uno nuevo.

La Comisión quiere romper ese círculo vicioso y garantizar el derecho a la reparación para terminar con esa forma de obsolescencia programada, que genera más desechos, causa impacto climático por los gases emitidos en la fabricación de las nuevas máquinas y provoca gastos suplementarios a usuarios y empresas al obligarlos a renovar artículos que solo necesitarían un ajuste para continuar su actividad.

Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada (Feniss), asegura que la obsolescencia programada está presente en todos los aparatos electrónicos que compramos.

Con los nuevos requisitos para lavadoras y lavavajillas, Bruselas calcula que se dejarán de gastar 711 millones de metros cúbicos de agua año en el primer caso y 16 millones en el segundo. Además, plantea nuevas exigencias de durabilidad para los aparatos de iluminación. En total, la Comisión Europea espera un ahorro de 150 euros al año por ciudadano —un recorte del consumo de energía anual hasta 2030 equivalente al gasto de Dinamarca— y evitar la emisión de 46 millones de toneladas de dióxido de carbono en poco más de una década.

Según una encuesta del Eurobarómetro en 2017, un 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus bienes antes que comprar otros nuevos, pero en última instancia los reemplazan o se deshacen de ellos ante las dificultades para subsanar los desperfectos. Y más del 90% estima que los productos deben estar claramente etiquetados para indicar su durabilidad.

La organización europea de consumidores Beuc cree que "los nuevos requisitos de reparación ayudarán a mejorar la vida útil de los electrodomésticos cotidianos, que fallan demasiado rápido". Sin embargo, critican que ciertas piezas de repuesto y consejos de mantenimiento "solo estarán disponibles para reparadores profesionales, lo que significa que aquellos que quieran hacer las reparaciones por sí mismos, especialmente por razones económicas, se quedarán fuera".