La Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo en el que ordena al Estado chileno pagar una indemnización millonaria por "crímenes de lesa humanidad" a 20 funcionarios y estudiantes que fueron detenidos y torturados en septiembre de 1973 durante la dictadura de Augusto Pinochet. El fallo establece una "obligación de reparación íntegra" del Estado en casos relacionados con derechos humanos y afirma que los "crímenes de lesa humanidad" no han prescrito.

Los afectados, 20 funcionarios de la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE), fueron sometidos a torturas en diferentes recintos, incluyendo el Estadio Chile y el Estadio Nacional, inmediatamente después del golpe militar encabezado por el dictador Pinochet. La indemnización asciende a 1.615 millones de pesos chilenos, aproximadamente 2 millones de dólares, en concepto de daño moral.

Durante la dictadura de Pinochet, según los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), un total de 31.686 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo 28.459 casos de tortura y 3.227 de ejecuciones o desapariciones forzadas (2.125 muertos y 1.102 desaparecidos). 

El fallo destaca que los actos delictivos fueron cometidos por agentes del Estado, violando las normas del derecho internacional y los principios constitucionales. Los montos de indemnización varían entre 40 y 90 millones de pesos chilenos (aproximadamente 45,000 a 102,000 dólares) por persona, dependiendo de la evaluación de cada caso.

Esta decisión se enmarca en un contexto en el que Chile conmemora el 50 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. El presidente Gabriel Boric lidera una agenda para conmemorar este evento, tanto a nivel nacional como internacional, reafirmando su rechazo a cualquier acción que amenace la democracia. Además, el Gobierno impulsó iniciativas y proyectos de ley para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, incluyendo el Plan Nacional de Búsqueda y una nueva agenda legislativa en materia de derechos humanos.