Por segundo día se realizaron protestas en diversos puntos de Panamá en rechazo a un contrato entre el Estado y una empresa de capital canadiense para seguir extrayendo cobre en una amplia zona boscosa, mientras el presidente Laurentino Cortizo volvió a defenderlo y destacó sus aportes a la economía y la generación de empleos.

Al mediodía y antes del mensaje presidencial, se registraron bloqueos en autopistas y puentes que comunican con la capital del país por parte de los manifestantes, muchos de ellos del poderoso sindicato de la industria de la construcción. Grupos de protestantes, entre ellos indígenas, también cerraron un tramo de la carretera Panamericana, lo que retrasó más temprano el desplazamiento de una treintena de autobuses llenos de migrantes que se dirigían a la frontera con Costa Rica.

Las protestas, que en algunos puntos han generado enfrentamientos con la policía antidisturbios, recrudecieron luego de que el presidente Cortizo sancionó y promulgó el viernes con rapidez la ley del controvertido contrato con una subsidiaria de la canadiense First Quantum, aprobado antes por el Legislativo. 

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Se trata de un nuevo contrato que otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años prorrogable por 20 más en cuatro zonas de 12,955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a fines de la década de 1990. Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.

Cortizo, cuyo quinquenio termina en menos de un año, dirigió por la tarde un mensaje televisado al país en el que subrayó que con el nuevo contrato ley se logra "salvaguardar" 9,387 empleos directos y el pago de una planilla anual por $357 millones de dólares que implican aportes a la seguridad social. El gobierno también mencionó que el contrato garantiza al Estado un ingreso mínimo anual por la concesión no menor a $375 millones de dólares por parte de la empresa, la cual reportó exportaciones por 2,850 millones de dólares en 2022.

El presidente pidió cordura a los manifestantes, quienes posiblemente no quedaron satisfechos con el mensaje debido a que exigen la derogación del contrato ley, algo que según juristas expondría al Estado a posibles demandas arbitrales multimillonarias en caso de hacerlo unilateralmente. Ya se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad contra el contrato desde el lunes. 

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El gobierno de Cortizo tuvo que negociar un nuevo contrato debido a que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley de concesión de 1997. En diciembre de 2022 el gobierno ordenó la paralización de la actividad después de acusar a la minera de no cumplir compromisos adquiridos a inicios de ese año.

Los críticos afirman que al final el Estado hizo demasiadas concesiones a la minera y que la actividad a cielo abierto tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, fundamental para el consumo humano y la actividad marítima del país.

Fuente: The Associated Press.