Por unanimidad el máximo cuerpo judicial pidió que se fiscalice la tarea de la Agencia Federal de Inteligencia.

La Corte Suprema de la Nación salió al cruce de las difusión ilegal de escuchas telefónicas, ordenó a los jueces que dispongan de las mismas con un criterio restrictivo, solicitó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que establezca que la Agencia Federal de Inteligencia no realice tareas de investigación por fuera de las ordenadas bajo proceso judicial y también pidió la colaboración del Consejo de la Magistratura y el Congreso de la Nación.

A través de una acordada y por unanimidad los supremos pidió que los magistrados del ámbito penal: “Extremen los recaudos necesarios para establecer límites objetivos en la incorporación de elementos probatorios al expediente penal, excluyendo cualquier comunicación entre los abogados y sus clientes, cualquier transcripción y/o audio en el que se registren comunicaciones sobre temas de índole personal que resulten inconducentes a la investigación”.

En el inicio de su gobierno, Mauricio Macri estableció por decreto el traspaso del manejo de las escuchas judiciales del ámbito del Ministerio Público Fiscal al de la Corte Suprema. Desde entonces han existido una serie de filtraciones de escuchas privadas sobre las que no regía una orden judicial. La última de ellas se refirió a conversaciones de presos en el penal de Ezeiza vinculados con exfuncionarios kirchneristas y con el empresario Lázaro Báez.

En este sentido los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti instaron a los profesiones que intervienen en la cadena de captación que cumplan con la destrucción del material que no está atado a una orden judicial.

“Las comunicaciones en todas sus variantes, al igual que la correspondencia epistolar, solo pueden ser objeto de injerencia en la medida en que exista una orden judicial debidamente fundada, sin que la privacidad pueda ser soslayada en miras a satisfacer una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos”,estimó el máximo tribunal.

En paralelo los cinco magistrados repudiaron: “la obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente ‘preventivos’, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley y la jurisprudencia subsecuente, sino que deben merecer el máximo repudio social, pues constituyen un atentado a la confianza pública”.

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