La Provincia respondió la carta de Sociales de la UNC

A finales del mes de Setiembre del corriente año, la Facultad de Ciancias Sociales de la UNC, el CELS y otras organizaciones remitieron una carta al gobernador Schiaretti.

En la nota manifestaban estar preocupados por la violencia institucional protagonizada por la Policía de Córdoba y solicitaban información junto a la adopción de medidas con políticas de fondo para enfrentar la problemática.

Oportunamente publicamos en cba24n.com.ar el envío original y para darle continuidad al tema, aquí el informe con la consecuente respuesta del Gobierno de la Provincia de Córdoba que no se hizo esperar, y el 5 de octubre pasado, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, suscribió una carta en respuesta a la nota que oportunamente le dirigieran al Gobernador de la Provincia el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) junto a distintas organizaciones, en la que le solicitaron información sobre las medidas políticas orientadas a controlar y profesionalizar la fuerza policial y la articulación de acciones concretas sobre los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses.

En su misiva, el Ministro hace énfasis en "la vocación democrática y el irrestricto respeto por los derechos humanos que el Gobierno provincial, bajo la conducción y el mandato del Gobernador, le ha impreso a todas las políticas públicas que se han implementado en sus gestiones como postulados que fijan el marco ético de la actuación institucional".

Más adelante, da cuenta del "proceso siempre complejo e inacabado, no exento de obstáculos, para el gobierno civil de las fuerzas de seguridad y en las reformas de las fuerzas de seguridad", en referencia a la democratización de las políticas de seguridad en general y de las fuerzas de seguridad en particular.

Luego, el Ministro Mosquera enumera una serie de herramientas y organismos surgidos a partir de la reforma de la Ley 9235, que "amplió los objetivos e integración del Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana y creó el Plan Integral de Seguridad Pública y Ciudadana".

Por otra parte, en cuanto al control de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, Mosquera rescata el Tribunal de Conducta como un "hito importante en la externación de los sistemas disciplinarios...", aunque reconoce la perfectibilidad de su modalidad de funcionamiento y de sus mecanismos de investigación.

Asimismo, otros temas son abordados en la nota del Ministro, tales como el Código de Convivencia Ciudadana, el Programa de Policía Barrial, la creación de la Comisión de Trabajo Interinstitucional de Estandarización de Actuaciones Policiales, la reforma de los planes de formación de la Escuela de Oficiales y Suboficiales.

Posteriormente, Mosquera refiere a la complejización que supone la pandemia y sobre las problemáticas secundarias, manifiesta la necesidad de "seguir progresando en la construcción de nuevos instrumentos para dar respuesta a este escenario" y reafirma la voluntad del Ministerio de Seguridad para brindar "una total colaboración con la Justicia para la mejor investigación y esclarecimiento de hechos delictivos" que involucran al personal de las fuerzas de seguridad.

Para finalizar, Alfonso Mosquera agradece la disposición a colaborar que "a tenor de la apertura institucional y ciudadana del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, se constituirá en un valioso aporte hacia las transformaciones en las que permanentemente seguimos avanzando."

Respecto de las repercusiones que esta respuesta ha merecido por parte de los iniciadores de este diálogo, Valeria Plaza (investigadora de CONICET, docente y coordinadora del Programa de Seguridad y DDHH de la FCS UNC), señalo a Canal 10 que "en 15 días se reunirán con el CELS y el resto de las organizaciones para evaluar la respuesta del gobierno de Córdoba y decidir las acciones a seguir".

Asimismo Plaza remarcó que "la nota del Ministro de Seguridad les genera cierta expectativa hacia el futuro" y que "abre alguna posibilidad de articulación en función de modificaciones que están planteando realizarse".

Respecto del inicio del camino hacia la democratización de la fuerza que plantea la carta del Gobierno provincial y señala que todos debemos involucrarnos, la investigadora del Conicet remarcó que "nos sentimos interpelados y con la expectativa de participar más activamente en este proceso".

Finalmente se plantea ahora iniciar un trabajo conjunto donde la Universidad Nacional de Córdoba junto al colectivo que representa desde la Facultad de Ciencias Sociales, juegue un rol activo aportando propuestas que sean tenidas en cuenta por el Gobierno de Córdoba, en materia de seguridad institucional, porque "la Universidad es un actor legitimado socialmente" y "poder establecer una agenda de trabajo que no quede sólo en denunciar y visibilidar, para ponernos de acuerdo en una problemática que nos sensibiliza a todos", sijo Valeria Plaza.

La UNC junto al CELS manifiestan que "no es sólo un problema local, por lo que la complejidad del problema va más allá del personal policial, razón por la que las soluciones deben plantearse como una cuestión institucional", manifiestan desde el colectivo que estableció este interesante contacto con el Gobierno provincial.

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

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