Fue luego de la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan. Hay que recordar que la Corte Penal Internacional investiga a todas aquellas personas que hayan cometido delitos graves de transcendencia como son: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, y los crímenes relacionados con la guerra.  Fue creada por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda.

En comunicación con La Perra Vida de Radio Universidad la activista en Derechos Humanos, Lexys Rendón, dijo que “ha sido una sorpresa muy fuerte, estábamos muy optimistas que la investigación no se cerraría como ocurrió en Colombia. Teníamos duda de la actuación del fiscal en el cambio de fase a la investigación. El propio Estado, en un documento en conjunto con la  CPI, afirma que se pasa a otra etapa de investigación y se comprometieron en colaborar con el organismo internacional”, expresó la Coordinadora del Laboratorio de Paz.

Venezuela by cba24n.com.ar

Hoy familiares de presos políticos salieron a las calles a solicitar que el fiscal jefe de la CPI habrá una investigación contra el Estado venezolano por las denuncias de delitos de lesa humanidad en manifestaciones ocurridas en 2017. Al mismo tiempo exigían la libertad para sus allegados.

A su vez, Margareth Baduel, la hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, fallecido recientemente mientras se encontraba en prisión, pidió un encuentro a Khan a través de sus redes sociales. "Somos una de las cientos de víctimas y familias que hemos sido sometidos a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a derechos humanos", dijo Baduel.

Finalmente Lexys Rendón manifestó que el Estado venezolano se vio obligado a reconocer la investigación por los acuerdos internacionales.  “Al mismo tiempo facultaron a la Corte para que intervenga e investigue a los responsables y la cadena de mandos. Determinar cuáles fueron los casos en los que ocurrieron los crímenes graves para que exista justicia. Si bien no tiene plazos allí se determinará la voluntad certera y profunda del Estado para contribuir a la investigación.”, concluyó la activista en DDHH.