El grupo de chat se movió con sigilo pero sin ningún tipo de pausa en los últimos días. Allí, Juan Schiaretti y Roberto Lavagna, entre otros, resolvieron bajarle el pulgar a la polémica iniciativa de reforma judicial.

Al tanto de la situación, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, comenzó a realizar declaraciones públicas en las que sugería que el proyecto de reforma podía esperar.

La reforma pasará con tranquilidad en el Senado, pero se estampará contra la pared cuando llegue a Diputados. Por eso, el presidente de la Cámara Baja pide tiempo para realizar nuevos acuerdos con los aliados del Frente de Todos, entre los que se cuentan Schiaretti y Lavagna, entre otros.

El economista ya dijo que se oponía y el bloque de cuatro diputados nacionales cordobeses que le responden al gobernador hizo lo propio. Del comunicado difundido por la bancada que conduce el riocuartense Carlos Gutiérrez queda claro que el grupo votará en contra. Tampoco los parlamentarios schiarettistas concederán quórum, según lo señaló el propio Gutiérrez a La Voz.

Oro de los que siempre estuvo informado sobre esta movida para frenar la reforma fue el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Miguel Ángel Pichetto

El proyecto terminó de empantanarse en las últimas horas cuando el cristinista Oscar Parrilli presentó una enmienda al proyecto oficial en la que puntualiza que los magistrados federales deben denunciar si reciben presiones de empresas mediáticas. Esto levantó una polvareda, especialmente en Juntos por el Cambio.

“No hay ningún artículo en la iniciativa de reforma judicial que vaya contra la libertad de expresión, pero saltaron como leche hervida”, protestó Parrilli.

Lo cierto es que la excusa formal para que Diputados demore el análisis del proyecto que ya contará con media sanción de la Cámara Alta, será la convocatoria de medio centenar de especialistas para que brinden sus puntos de vista.

Eso postergará al menos dos meses el debate final y los oficialistas quieren sentarse a conversar otra vez con los potenciales aliados. Entre ellos, claro está, Schiaretti y Lavagna, están en el tope de la lista. La diferencia entre cada uno de los convocados no es menor: el ex ministro de Economía no tiene gestión, mientras que el gobernador necesita imperiosamente de las partidas del Tesoro nacional.

El malestar de la vice

La reforma judicial fue un nuevo elemento que tensionó la relación entre Alberto y Cristina. A la vice no le gustó nada -dicen sus voceros- la injerencia que el jefe de Estado le permitió a la ministra de Justicia Marcela Losardo, a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y al secretario de Planeamiento Estratégico de la Nación, Gustavo Béliz. “Fijate que nadie más salió a hablar de la ampliación de la Corte Suprema, por ejemplo, que era un tema que Cristina siempre impulsó”, indicó un legislador cordobés con buena relación con el bloque K. Y agregó: “Ella seguramente seguirá trabajando para conseguir lo que quiere de manera individual y por afuera del paquete reformista”. Aludía sin dudas al desplazamiento del procurador general, Eduardo Casal, y al traslado de algunos camaristas federales. “Con eso se da por servida y cree que la ofensiva judicial contra ella se desactivará”, finalizó el informante.

De momento, todo sigue en la cocina y con indisimulables demoras.