Así como las autoridades del gobierno nacional encontraron facilidad para pedir deportaciones después de la movilización en el Congreso, durante el debate del Presupuesto 2019, del mismo modo la causa se terminó archivando.

El fiscal Federico Tropea tomó la decisión de no continuar la investigación contra los cuatro ciudadanos extranjeros que fueron detenidos en octubre pasado, con acusaciones que iban desde la generación de incidentes hasta las agresiones a autoridades y la resistencia.

La falta de pruebas, tras observar una y otra vez imágenes de los hechos, es la cuestión central por la que la Justicia deja de lado el proceso.

En aquel momento, los hermanos venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas, junto a Luis Fretes, nacido en Paraguay, más el turco Anil Barán, fueron expuestos por las autoridades nacionales.

Desde el pedido del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de “expulsarlos lo más rápido posible”, más el “juicio abreviado” solicitado por el director de Migraciones, Horacio García, o la discriminación pública del senador Miguel Angel Pichetto, compusieron el combo de acusaciones.

A la falta de condena, en aquel momento, se sumó una marcada inexistencia de delitos.

Barán, que reside en Córdoba hace algunos años y había ido a realizar trámites a la embajada turca porteña ese día, aún le busca explicaciones a la cuestión.