El presidente Alberto Fernández decretó este jueves la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada al atentado de la AMIA de 1994.

De esta manera, todos los archivos de la Administración Pública Nacional, incluidos los de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y sus antecesoras, sobre el atentado, encubrimientos y delitos relacionados serán de carácter público.

A su vez, el decreto invita a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y los poderes judiciales a tomar la misma medida.

"El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra en instalaciones y archivos estatales", considera el decreto.

Antecedente

En 2015, durante la gestión de Cristina Fernández, se dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA.

Se ordenó a la AFI a remitir a la UFI AMIA "toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados" a la causa.

Luego, en 2017, en el gobierno de Mauricio Macri se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior.

No obstante ambos decretos establecían la desclasificación de los archivos solamente para la Unidad Fiscal y las partes interesadas.