Tras más de cinco horas de debate, el oficialismo en el Senado aprobó este viernes el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso hace dos semanas, fue avalada por unanimidad, ya que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se desconectaron del recinto virtual. El Frente de Todos reunió 42 votos afirmativos con el apoyo de los monobloquistas Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.

A través del proyecto, que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el texto se fijan unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital. La cifra es, según se afirmó desde el Gobierno nacional, el total de dinero que representó atender la transferencia en 2020, pero el monto deberá ser actualizado cada año.

Para ello se establece una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.

De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos. En tanto, la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad tendrán que informar “a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores” establecidos en la fórmula, “de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”.

Esta iniciativa se suma a una medida anterior en la que, en el marco del conflicto policial bonaerense, el Gobierno nacional llevó al 2,32% el coeficiente de coparticipación para la CABA mediante un decreto. Por esa medida, la administración porteña recurrió a la Corte Suprema.