Con 45 años Federico Cortelletti cumple su tercer período como secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, sindicato que representa a los trabajadores y trabajadores del Poder Judicial de Córdoba en todas sus esferas, “desde el personal de Maestranza hasta la primera franja de funcionarios, los prosecretarios”.

Abogado, con casi dos décadas en la actividad gremial, a los 33 años fue secretario adjunto de la AGEPJ junto a Irina Santesteban, a quien derrotaría en las elecciones internas realizadas tres inviernos después. 

Desde entonces mantiene el reclamo por la equiparación salarial para el sector. “En 2011 el Poder Judicial equiparó los salarios de funcionarios y magistrados al 90% de sus pares federales, dejando de lado a los empleados. Eso generó una brecha muy grande y un nuevo privilegio, porque la masa salarial se distribuye cada vez más inequitativamente”, explica.

Peronista, se identifica como unos de los tantos atraídos por la irrupción del kirchnerismo y la consecuente revitalización de la participación política. Al mismo tiempo, se siente parte del peronismo de Córdoba, en el que milita y al que deposita sus adhesiones.

Secretario de prensa de la CGT Regional Córdoba, advierte que el sindicalismo debe afrontar problemáticas de creciente trascendencia, muchas de ellas vertebradas por una creciente precarización para la que convergen una arbitraria aplicación de las nuevas tecnologías y distintos avances sobre los derechos laborales.

En la sexta entrevista del ciclo que presenta a nuevos referentes del sindicalismo, Cortelletti subraya la necesidad de repensar las entidades sindicales en un escenario dinámico y con nuevos actores preponderantes, como las organizaciones de la economía popular.

-¿Cómo ha impactado la pandemia en el ámbito judicial? 
-Ha sido un impacto muy grande. El teletrabajo sirvió para un mayor cuidado de la salud, para que no se encontrara presencialmente tanta cantidad de trabajadores en lugares que no tienen la infraestructura adecuada. En ese sentido funcionó bastante bien. Pero nos dejó la preocupación por derechos que pasa por encima. También por las dificultades que genera la falta de presencialidad para tener contacto con los compañeros y las compañeras. Uno de los temas que más nos preocupa es la delimitación de la jornada de trabajo. El teletrabajo va a modificar las relaciones laborales y también el vínculo de los sindicatos con los trabajadores.

-Parte de eso es el objeto de la ley de desconexión
-El teletrabajo trae una serie de problemas que hay que revisar. En nuestro caso dio lugar a que desde los grupos de WhatsApp donde se distribuían tareas se requirieran cosas fuera del horario laboral. El sindicato presentó un proyecto de teletrabajo que aún no ha sido tratado por el Tribunal Superior. Allí hacemos hincapié en el derecho a la desconexión. Además, la cuestión de los insumos para desarrollar el trabajo desde los hogares.

-Una problemática común a distintas actividades: la promesa de una mejor administración del tiempo laboral, encubre una mayor carga horaria.
-Ha quedado claro que el teletrabajo ha rendido mucho para las patronales, con mayor producción. Eso no es muy aplicable en la Justicia, que tenemos temas administrativos. Pero el Poder Judicial es afín a medir todo en cantidad de expedientes resueltos. Aunque no es igual uno que otro y a veces son problemáticas que toman más tiempo, se han hecho estadísticas que indican que hubo más trabajo terminado con el teletrabajo que en el presencial.

-Mejor disponibilidad de tiempo e independencia son argumentos que, aún falaces, han servido para fomentar formas de trabajo que podemos definir como precarias. Lo vemos con las plataformas de reparto, que incluso alteran la noción de empleado y empleador.
-La incorporación de nuevas tecnologías genera muchísimos desafíos. Debería llevarse adelante con respeto de los derechos laborales, pero en general está trayendo mayor precariedad laboral. Preocupa mucho que no se detenga este avance. Hay que ver cómo lo abordamos desde el movimiento obrero para que no implique pérdida de derechos y poder de representación, porque el tipo de organización sindical también se va a ir modificando. Por ahí es difícil verlo, porque estamos inmersos en el cambio, pero hay que adaptar las organizaciones sindicales porque el mundo del trabajo cambia.

-¿Hay certezas sobre el camino a seguir?
-La verdad es que no es fácil. Lo primero que se intenta es la aplicación de todo el espectro del derecho protectorio para esas nuevas formas de trabajo. Pero las nuevas tecnologías permiten evadirlo. Por eso hay que buscar nuevas formas para aplicar la ley y que los trabajadores y trabajadoras gocen de los derechos que ya tienen los formales. Tampoco es fácil organizar sindicatos en esos sectores. Pero ese es el camino: la aplicación de las normativas protectorias y la organización de sindicatos que pugnen por la aplicación de los derechos. Claro que el contexto no facilita. Hoy, el movimiento obrero representa un 40% de trabajadores formales y tenés fuera una cantidad igual de trabajadores informales, que están más representados por la economía popular.

-Ese es otro tema que parece inminente para la agenda sindical: qué y cómo hacer con quienes forman parte de la economía popular.
-El crecimiento de la economía popular habla de la incapacidad del Estado de generar trabajo formal registrado y tener pleno empleo. Una de las formas que está encontrando el movimiento obrero es articular acciones con las organizaciones sociales y de la economía popular. Acá, la CGT Córdoba tiene incorporada una secretaría de la Economía Popular. Además, en las últimas marchas nos movilizamos junto con la UTEP, que son trabajadores y trabajadoras.

-Entre las críticas a la CGT se señala una escasa capacidad de adaptación a estos tiempos volátiles, con profundas modificaciones vinculadas a la digitalización.
-Yo no podría ser tan categórico. En muchas regionales de la CGT se han tomado resoluciones para incluir a trabajadores informales. Por ahí está faltando que desde la conducción nacional también se tome nota de esto. Ya hubo experiencias por el estilo, como la CTA, que en los 2000 incorporó a trabajadores desocupados y llamó a la afiliación universal. La economía popular está supliendo un déficit del Estado en generar trabajo formal registrado. Pero es un sector vulnerable, carece de derechos protectorios, registración y demás. No estigmatizamos a los movimientos sociales, entendemos su rol, pero como central sindical queremos la creación de más trabajo, de mejor calidad.

-También el Estado genera empleo precario.
-La precarización está instalada en todos los niveles, incluido el Estado. Lo vemos en la CGT Córdoba, donde están todos los gremios estatales. Tenemos monotributistas, contratos, becarios, figuras que que son precarias.

-¿Algunas de ellas en la actividad del Poder Judicial?
-Hay contratos. Hace años que se están aplicando restricciones presupuestarias, no vienen cargos nuevos y permiten la figura del contrato. Son distintos a los del Ejecutivo, pero son contratos, no tienen la estabilidad que asegura la Constitución. Tenemos alrededor de 900 contratados en una planta de 6000 empleados. Tenemos compañeros con seis y a ocho años de antigüedad, sin pasar a planta.

-Hablamos de cambios en el empleo, como concepto y actividad, a partir de la creciente digitalización, el teletrabajo y la redefinición de vínculos. Hay quienes dicen que todo eso ya supone una reforma laboral. No obstante, hay alertas sobre la aplicación de una reforma más profunda que pudiera afectar ya directamente el marco normativo. 
-La normativa sobre teletrabajo, o cualquier otra que tenga que ver con el mundo laboral, es una reforma si modifica algo. Pero, por ejemplo, la ley de teletrabajo no es una reforma regresiva en cuanto a derechos, que es lo que plantea la derecha. Ha habido muchas reformas aceptadas, incluso requeridas, por sectores de trabajadores. Nos oponemos a las reformas regresivas que avanzarían sobre nuestros derechos. Sobre los convenios colectivos, por ejemplo.

-Vislumbra algún posible intento de reformas regresivas.
Por supuesto. De hecho, en 2017 se detuvo la iniciativa del macrismo y fue por la movilización del movimiento obrero. Pero ese proyecto seguramente volvería con un gobierno de ese corte. E irían más a fondo... Ahora, si bien esas iniciativas no han podido tocar lo fundamental de nuestra estructura de derechos protectorios, tampoco han dado suma cero. Han avanzado. Lo vemos en la pobreza y en las distintas formas de trabajo precario, que hace que el movimiento obrero hoy represente sólo una porción de trabajo registrado y una gran cantidad quede por fuera. Toda esa realidad tiene que ver con esos embates, que algunos resultados han logrado. Estas reformas regresivas apuntan a una flexibilización que ya está instalada. Hay una gran cantidad de trabajadores que están fuera de convenio. El movimiento obrero debe seguir fortaleciéndose para no perder derechos ante estas avanzadas.

-Un escenario complejo para la pospandemia.
-Sí. Recién comenzamos a transitarlo. Pero la pandemia también demostró la necesidad de que el Estado conduzca en esos momentos. Sin el Estado, que tuvo que que salir a enfrentar una situación dificilísima, hubiéramos naufragado. Y ahí también los sindicatos, por más problematizada que esté su representatividad, salimos a bancar la parada, tanto con los derechos como con cuestiones de salud.

"La precarización laboral está instalada en todos los niveles"