Dos testigos declararon este miércoles en la segunda audiencia en el Tribunal Federal N° 2 por el decimo tercer juicio al terrorismo de Estado en Córdoba. 

El mismo tiene como imputados a “la temible patota de la Perla”: Ernesto “El Nabo” Barreiro, Carlos “El Principito” Villanueva y Carlos “HB” Díaz. Los tres ya poseen condenas por delitos de lesa humanidad en la Megacausa de La Perla y Campo de la Rivera.

Los acusados, en la segunda audiencia del 13º juicio al Terrorismo de Estado en Córdoba.
Los acusados, en la segunda audiencia del 13º juicio al Terrorismo de Estado en Córdoba.

“La patota” esta acusada de la tortura y secuestro, en agosto de 1979, de Rubén Amadeo Palazzesi, su cuñado Nilveo Cavigliasso y José Jaime Blas García Vieyra. Los tres estuvieron detenidos ilegalmente en Casa Quinta de Guiñazú, un domicilio usurpado por el destacamento de Inteligencia 141 a Silvio Viotti y su familia.

El primer testigo que declaró fue el arquitecto José Jaime Garcia Vieyra, secuestrado en agosto de 1979 junto a Rubén Amadeo Palazzesi, asesinado en la Quinta de los Viotti, de la ciudad de Córdoba. Los genocidas pusieron el cuerpo en un auto, lo dinamitaron y le prendieron fuego, simulando una fuga que nunca existió.

García Vieyra relató detalles de la tortura que atravesó Palazzesi: “Lo colgaron de un gancho del techo en puntas de pie. Lo torturaron. Escuchaba cómo lo picaneaban y le pedían un palo verde”. 

VER: El testimonio de Cristina Guillén, en el juicio por el terrorismo de Estado en Córdoba

García Vieyra fue llevado al D2 de Mariano Moreno y después a la UP 1. Lo liberaron en septiembre de 1980. Una vez libre “lo siguieron bastante tiempo”. 

Por otro lado, Cavigliasso sobrevivió a la tortura pero falleció años después.

Silvio Viotti fue el otro testigo. Fue secuestrado en 1977 y llevado a La Perla junto a su padre, Silvio Octavio Viotti. Tenía 16 años cuando los militares les ocuparon la casa.

El Tribunal ordenó una pericia ocular en la “Quinta”. La próxima audiencia será el martes 21 de marzo a las 14.30. 

De no mediar inconvenientes, la sentencia se dictará en la primera semana de abril.

El testimonio de Cristina Guillén

Cristina es la esposa de Palazzesi. Nació y militó en Córdoba. Estuvo detenida (legal e ilegalmente) en 1974 y entre 1979 y 1984 en distintas Unidades de la provincia de Córdoba y luego trasladada a Buenos Aires. 

Su marido fue secuestrado en agosto de 1979 y asesinado en el centro clandestino que funcionaba en la Quinta de los Viotti, de la ciudad de Córdoba. Denunció el caso de su pareja ante la CONADEP. 

La mujer relató que Rubén fue secuestrado junto a José Jaime García Vieyra y su cuñado, Nilveo Teobaldo Cavigliasso. Los tres fueron torturados, pero por esto Palazzesi murió.

La misma Cristina fue también secuestrada días después de su esposo y su testimonio fue muy claro. Contó los padecimientos que sufrió en el D2 de la Policía, la mandaron a la cárcel UP n°1 y luego a la prisión de Devoto en Buenos Aires. Lo insólito es que mientras estaba secuestrada, se le inició una causa en la justicia federal. Pudo recuperar su libertad en 1984. 

En diálogo con el periodista de los SRT, Jorge Vasalo, Cristina recordó el momento cuando se llevaron a su marido: “Fue un momento terrible, en plena dictadura, no teníamos posibilidad de defendernos. La incertidumbre y desprotección fue total”.

“Creo que eran militares los que entraron a la casa, eran todos lo mismo. Nos hicieron unas preguntas, después buscaron plata y lo que buscaban era la vida, por lo que le terminó pasando a Rubén”, expresó.

El padre de Cristina también fue secuestrado, por supuesta “asociación ilíctita con su hija”. La falta de derechos llegó al punto, que estando detenida en la UP1, el director de la cárcel directamente no le permitió hablar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había llegado al establecimiento.

“Saqué las manos por las rejas y ahí fue que pude hablar. Todo esto está en un expediente de la Comisión", relató.

Cristina remarcó que los funcionarios judiciales que le iniciaron la causa en la justicia federal, los veía en la cárcel y observó “como se repartían las causas” con los militares.

La mujer pudo recuperar su libertad en enero de 1984, tiempo después del retorno de la democracia, tras la asunción del presidente Raúl Alfonsín.