Desde que comenzó el año 2022, Argentina se encuentra inmersa en una seguidilla de incendios forestales. Hasta el momento, hay dos estrategias centrales para combatir los incendios. La primera es el combate al fuego una vez comenzado con, por ejemplo, brigadistas y aviones hidrantes; la segunda es la penalización, a través de distintas normativas nacionales, por haber iniciado el incendio. Sin embargo, estas medidas no parecen tener demasiado éxito, lo que hace necesario repensar políticas alternativas para un contexto de cambio climático que acrecienta las posibilidades de focos de incendios más recurrentes y nocivos para el ambiente, la economía y la población en general.


Según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego del Ministerio de Ambiente de la Nación (1), entre el 15 y el 20 de enero, con excepción de Santa Cruz, Tucumán y San Juan, todas las provincias argentinas registraron al menos un foco de incendio activo, con epicentro en las provincias patagónicas de Rio Negro, Neuquén y Chubut.


El contexto que facilita la propagación de los incendios está relacionado con algunos de los efectos del cambio climático: largos períodos de sequías y calores extremos. Es necesario destacar que el cambio climático no es un causante directo de los incendios, pero sí favorece el escenario para que estos sucedan y se propaguen con velocidad. A partir de datos generados por el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba informa que en la actualidad en todas las provincias del país hay algún sector afectado por sequías moderadas, severas o extremas (2). Y además muestra que, con diferencias en la proporción territorial y las provincias afectadas, desde 2011 los períodos de sequía se mantienen en la mayor parte del país, y que en los últimos años aumentaron considerablemente. Esto se explica por la escasez de lluvias, que hace que la vegetación en general esté sujeta a un estrés hídrico que facilita la propagación de incendios forestales.


En la Patagonia, además, los fuertes vientos y el combustible generado por plantaciones abandonadas de especies exóticas facilitan la expansión de los incendios. En Neuquén, Río Negro y Chubut fueron introducidas distintas plantaciones de pinos que quedaron abandonadas por falta de rentabilidad y que hoy, ante la falta de manejo de esas especies, funcionan como un combustible que facilita la propagación del fuego, afectando a especies nativas.

Impactos múltiples

Considerando la escala global de los efectos del cambio climático, la preocupación por los incendios forestales es un fenómeno mundial. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) (3), Australia perdió en 2019 un quinto de sus bosques como consecuencia de incendios forestales. En los primeros seis meses del año pasado, Brasil sufrió la devastación de más de 300 mil hectáreas por el impacto de los incendios.


En Argentina la situación es igualmente alarmante. De hecho, por primera vez desde comienzos de este siglo, en 2020 los incendios forestales superaron a la expansión de la frontera agropecuaria como la primera causa de pérdida de bosques nativos, según informa el Ministerio de Ambiente de la Nación (4). En total, el país perdió 333.222 hectáreas por distintas causas (incendios, uso agrícola y ganadero, natural o por infraestructura). De ellas, 178.940 hectáreas de bosques nativos (54%) fueron destruidas por efecto de los incendios. Estos datos representan un aumento significativo con respecto a 2019, cuando se perdieron poco más de 24 mil hectáreas de bosques nativos por el avance del fuego.


Como es sabido, los incendios forestales producen fuertes impactos ambientales, sociales y económicos. En términos ambientales, facilitan la expansión de dióxido de carbono, contribuyendo aun más al cambio climático, destruyen ecosistemas forestales y con ello la flora y fauna asociada. Además, generan la erosión y pérdida de nutrientes de los suelos. En términos sociales, el avance de los incendios puede afectar a poblaciones que habitan en una interfase urbano-forestal con, por ejemplo, pérdida de viviendas y medios de subsistencia. Basta recordar los profundos impactos sociales de los incendios en Chubut en 2015, especialmente en el municipio de Cholila.


Los efectos económicos a menudo se pasan por alto, pero son considerables. Aunque no existen análisis del costo económico global de los incendios en Argentina, estos pueden afectar los recursos forestales de los bosques nativos, las plantaciones forestales y las fuentes de empleo asociadas a ellas. Misiones, Chaco y Corrientes, tres de las provincias con sectores foresto-industriales desarrollados, sufren especialmente este problema.


El sector ganadero, sobre todo la ganadería que interactúa con el bosque, también suele verse afectado. Una serie de incendios producidos en abril de 2021 en el norte de Chubut culminaron con casi 200 cabezas de ganado muertas y una gran pérdida de material agropecuario (entre otras cosas, cosechadoras y tractores). En este sentido, un reciente informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) estima que en el norte del país las sequías y los posibles incendios pueden generar pérdidas en el sector agropecuario por unos 600.000 millones de pesos. 


Las áreas dañadas pueden afectar al sector turístico, que se ve imposibilitado de utilizar áreas destruidas por el fuego. Varios ejemplos en la Patagonia ilustran este problema. Los incendios recientes afectaron una importante cantidad de bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi en Río Negro e incluso obligaron a cerrar el tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Bariloche con El Bolsón.

Por último, la expansión de incendios forestales demanda una gran cantidad de recursos públicos, ya que sea por la necesidad de aumentar el equipamiento y el personal para combatir el fuego o, luego, para financiar las distintas medidas tendientes a restaurar los bosques perdidos. Contabilizando todos los indicadores mencionados, el informe de FARN estima que la recuperación de los incendios podría costar entre 1.100 y 3.700 millones de dólares al año.

Cómo enfrentar el fuego


Argentina no carece de recursos para combatir los incendios. Desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández se han realizado algunos cambios importantes a nivel nacional. Entre otras cosas, la estructura organizacional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego pasó del Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente, considerando los incendios forestales como un problema socioambiental y no solo de seguridad pública. Además, en 2021 se multiplicó por siete (de 433 millones de pesos a 3.058 millones) el presupuesto. Esto permitió fortalecer el plantel de brigadistas, la capacitación y el equipo para evitar el avance del fuego sobre los bosques.


Más recientemente, se construyeron en algunos sectores críticos cuatro torres con cámaras que poseen sensores de humo que detectan el fuego de manera temprana, facilitando su combate. Las provincias en general disponen de menos equipamiento y capacidades para afrontar la expansión del fuego que la Nación, aunque algunas cuentan con estructuras muy bien equipadas, como Chubut. Esto resulta decisivo porque, considerando la distribución de tareas entre los diferentes niveles de gobierno, son las provincias las que deben disponer los recursos técnicos, económicos y humanos para combatir los incendios y, en caso de que el fuego exceda su capacidad, solicitar la cooperación al Gobierno Nacional.


El problema es que muchas veces los tiempos del avance del fuego son más veloces que los tiempos de coordinación entre las burocracias, lo que termina llevando a incendios descontrolados. Un ejemplo en este sentido sucedió en el manejo de los recientes incendios en Río Negro. Por un lado, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, responsabilizó, en un hilo de Twitter, a las provincias por demorar en solicitar ayuda al Gobierno Nacional. En respuesta, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, criticó a Cabandié y afirmó que la responsabilidad debe ser conjunta. En Chubut, a comienzos de este año, dos aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego llegaron cuando el incendio ya se había expandido, lo que hizo que se demorara varios días en controlarlo. La dificultad para reaccionar velozmente y de manera conjunta impide muchas veces atacar al incendio en su comienzo.


Pero lo central es que la estrategia, tanto nacional como provincial, se centra en combatir al incendio forestal una vez iniciado. Y en castigar a sus responsables a través de diversas leyes que penalizan a quien inicia el fuego. La Ley Nacional de Bosques Nativos prohíbe el desarrollo de cualquier actividad (agropecuaria, inmobiliaria) en áreas que sufrieron la expansión del fuego, en tanto que la reciente Ley sobre Manejo del Fuego extiende esta prohibición a otros ecosistemas, como humedales o pastizales.


En cambio, las políticas de prevención quedan en un segundo plano. Las provincias, que son las principales encargadas de diseñar planes preventivos, y la Administración de Parques Nacionales, suelen limitar las medidas a informar a los habitantes y turistas sobre el peligro de incendio forestal y en insistir en que sólo se puede hacer fuego en sitios habilitados. Pero se ha invertido poco en otras formas de prevención.


El desarrollo de planes más eficaces de prevención es central por varios motivos. Uno de ellos está relacionado con los ya mencionados efectos del cambio climático, que hacen cada vez más probable la multiplicación de focos de incendios. El otro motivo es que, aunque la mayoría de los incendios se inician por causas humanas, esto no implica que sean intencionales. Contra lo que a veces suele pensarse, la mayoría de los incendios no son consecuencia de personas que buscan sacar un rédito económico con el fuego, por ejemplo productores agropecuarios que pretenden extender la superficie cultivable o de pastoreo o empresarios inmobiliarios que intentan promover el desarrollo urbano en ciertas zonas. Una buena parte de los incendios sucede simplemente por negligencia: colillas de cigarrillo, quema de residuos forestales o no forestales, fuegos mal apagados.


Teniendo en cuenta esa realidad, sería necesario desplegar constantes campañas de comunicación que alcancen a la población que estará presente en estos ecosistemas por un tiempo determinado. Además, y en relación con lo anterior, es importante impulsar una educación ambiental que contemple el aprendizaje sobre cómo desenvolverse en ambientes naturales en peligro de incendio. En tercer lugar, resulta crucial mejorar la planificación de la expansión urbana sobre los bosques. En cuarto término, capacitar a las poblaciones que habitan en las interfases urbano-forestales, de modo de evitar, por ejemplo, la quema de residuos forestales y no forestales. Por último, hay que preparar cortafuegos que eviten la propagación de incendios.


Como conclusión, señalemos que en el actual contexto de cambio climático es esperable un aumento de los incendios, tanto en frecuencia como en intensidad, y por lo tanto hay que apuntar a mejorar las políticas de prevención y mantener la capacidad instalada para el combate del fuego, con el objetivo de reducir las consecuencias ambientales, sociales y económicas de un fenómeno que llegó para quedarse.

Sobre el autor 

 Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la misma casa de estudios. Becario doctoral del CONICET. Estudia temas vinculados con la protección de los bosques nativos y la implementación de políticas ambientales en el Área de Ambiente y Política en la UNSAM.