El 81 por ciento de la población de la provincia se encuentra bajo registro de cámaras de vigilancia instaladas por el Gobierno de Córdoba. En términos numéricos, más de 2.8 millones de ciudadanos expuestos a lo que muchos denominan otro "Gran Hermano".

En total son más de 3 mil las cámaras dispuestas en todo el territorio provincial Más de 2 mil se encuentran dentro del ejido de la ciudad de Córdoba; la mitad son propiedad del gobierno municipal. Las mil restantes han sido dispuestas en 102 localidades del interior.

Casi la mitad están montadas como domos, en espacios de circulación pública. El otro 50 por ciento se ubica sobre los móviles de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Seis están dotadas de inteligencia artificial y realizan recolección de datos biométricos. Más específicamente, el polémico reconocimiento facial, un cálculo que permite detectar los rasgos principales de un rostro y cotejarlos con bases de datos previamente confeccionadas.

En los próximos meses se incorporarán otros 400 lentes. La decisión se vincula a un ampliación en la funcionalidad del sistema. Desde este año los municipios podrán acceder a los registros para la sanción de contravenciones. (Ver: Los municipios podrán usar cámaras de seguridad para sancionar contravenciones)

En otras palabras, desde 2020, además de los delitos tipificados en el Código Penal, las imágenes también se emplearán para las faltas menores.

Éxito

La decisión de apelar a medios electrónicos de vigilancia fue tomada por el gobierno provincial hacia fines de la década pasada. Desde entonces se justifica como una medida más, destacada por su "éxito", para el combate del "flagelo de la inseguridad".

Paulatinamente, otras administraciones imitaron la medida. La cantidad de focos se ha ido multiplicando junto a la integración de los medios digitales en nuestra cotidianeidad.

Poco parece haber incidido sobre las autoridades la polémica sobre la utilidad y, especialmente, la proporcionalidad del sistema. (Ver: Especialistas rechazan la aplicación de tecnología para reconocimiento facial)

Abogados especialistas en la defensa de derechos en entornos digitales han señalado que la videovigilancia carece de proporción: para perseguir delitos se extiende la sospecha sobre toda la sociedad que quede al alcance del lente.

Además afirman que avanza de modo inaceptable sobre el derecho a la intimidad. Todo queda registrado, aunque no medie sospecha sobre la comisión de delitos.

"Producto de lo que solemos llamar el tecnosolucionismo, que implica que mientras más tecnología mejor, el nivel de vigilancia ha llegado a una gran desproporcionalidad entre el intento de garantizar seguridad y la invasión sobre derechos fundamentales", sintetiza Gaspar Pisanu, integrante la ong Access Now.

Desde el Gobierno se ha remarcado que los dispositivos se instalan en espacios públicos o de acceso público. Los analistas prefieren hablar de expectativa de privacidad: aunque estemos en un lugar abierto no es aceptable que tomen constancia de todos nuestros actos.

Dudas

Distintas entidades señalan que es insuficiente la información con que cuentan para "controlar a quienes nos controlan".

"No sabemos cómo se recolecta la información, qué tipo de uso se hará, quiénes tienen acceso, qué recaudos se toman o la capacitación del personal que accede a ella. Ignoramos muchas cosas de su implementación", precisa Pisanu.

Las imágenes registradas se conservan durante 60 días. En ese lapso existen dos vías de acción para su empleo: el inicio de una investigación a partir de la detección de un delito en flagrancia o la solicitud del registro desde el Ministerio Público Fiscal para una causa efectivamente iniciada.

"La autoridad de aplicación es el Ministerio de Seguridad. Desde 2007 no hemos recibido un sólo reclamo por irregularidades o abuso en el manejo de imágenes personales. Por el contrario, la herramienta ha sido exitosa y ha permitido la resolución de muchas investigaciones por delitos", remarca el legislador Juan Manuel Cid, del bloque de Hacemos por Córdoba.

Falso positivo

Las distintas modificaciones a la ley 8891, que regula el registro, conservación y uso de los datos biométricos, han permitido la incorporación de técnicas de vigilancia de creciente sofisticación. El reconocimiento facial entre ellas.

Entidades de la sociedad civil remarcan que se trata de una tecnología imprecisa, que habilita errores en los procedimientos. Los denominados "falsos positivos" derivan en detenciones de personas que carecen de antecedentes por su sola apariencia fisonómica.

"No es que no haya que brindarle seguridad a la población. Hay que brindarle seguridad de la forma más eficiente, evitando que se produzcan abusos", expresa Pisanu.

Desde la Provincia aseguran que, ante un hipotético caso, la persona involucrada sólo perdería unos minutos "hasta que se constate su identidad". "Si hay una equivocación, la persona rápidamente recupera la libertad", afirma Cid

"Nosotros tenemos que ver la tecnología como una herramienta que ayuda al control de la sociedad. Estamos haciendo lo que se hace en todos los lugares del mundo que disponen de tecnología", sentencia el legislador.

Especiales

La temática es abordada en profundidad mediante sendos informes que se acompañan esta nota y difunden en los espacios informativos de Canal 10 y Canal U.

El trabajo fue realizado por Juan Manuel Fernández, Juan Marcos Ramé, Federico Rizzo Centeno y Luis Zegarra.