Tecnología para salvar vidas: la función del botón antipánico y las tobilleras

Se ha dicho hasta el cansancio: para prevenir la violencia de género todo esfuerzo es poco. El 8 de marzo de 2013 la Provincia de Córdoba entregó el primer dispositivo tecnológico a una mujer en riesgo de ser agredida o asesinada. Un reconocimiento de las autoridades de la necesidad de hacer efectivas las órdenes de alejamiento que se imponen a quienes ejercen violencia machista y que e violan por circunstancias diversas. 

Puede que en consonancia con los tiempos que corren se depositaran en la tecnología expectativas desmesuradas. Pero lo cierto es que en muchos casos los botones antipánico y sobre todo las tobilleras son exitosas para evitar el contacto de los agresores con sus víctimas. Sin embargo, la violencia machista, en lo que va del año, ha provocado 150 asesinadas (11 en Córdoba) y, aunque los registros no son absolutos, los intentos de femicidios registrados en dependencias policiales serían al menos 160. No son números en el papel: son mujeres, familias, proyectos de vida, truncados para siempre en una sociedad sensibilizada pero que sigue sin encontrar respuestas certeras ante la violencia de género.

Durante muchos años la respuesta, cuando la hubo, fue policial y/o judicial y a posteriori, cuando los hechos más graves ya se habían producido. A partir de la  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW  adoptada en diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los estados nacionales comenzaron, con mayor o menor acierto, a impulsar políticas públicas, estrategias, planes, que en la base comparten la voluntad de frenar la violencia machista.

En Argentina, las conquistas democráticas de la lucha de las mujeres se hicieron eco en los parlamentos. Primero fue la toma de conciencia de las propias mujeres, cristalizadas tras dos siglos de intentos que comenzaron siendo minoritarios para finalmente convertirse en un reclamo masivo y visible. En Córdoba, en marzo de 2006, se promulgó la ley 9.283, cuyo objetivo es “la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar y de la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género” y en el 2009 el Congreso de la Nación aprobó una ley modelo, única en la región, la 26485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Una vez reconocida por el Estado la situación de violencia extrema a la que están siendo sometidas las mujeres se impulsaron políticas públicas, planes, estrategias, tendientes a frenar –y en menor medida a prevenir- la vulneración de los derechos, comenzando por la integridad física y el derecho a la vida. En ese marco se inscriben los dispositivos tecnológicos, comúnmente llamados botón antipánico, sistema dual o tobilleras, en un intento más de la vía judicial por proteger a las mujeres en situación de violencia.

Desde el año 2013 es oficial la implementación de estos dispositivos tecnológicos para controlar, y en el mejor de los casos frenar, los riesgos a los que están sometidas estas mujeres. Cuando las órdenes de restricción o alejamiento impuestas a los agresores no dan respuesta, en particular en situaciones de gravedad extrema, el poder judicial puede tomar la decisión de dotar a las sobrevivientes de un dispositivo tecnológico que pueden activar cuando adviertan el riesgo a su integridad por la cercanía o agresión que, en la mayoría de los casos, provocan sus parejas o exparejas.

Son aparatos pequeños que funcionan a batería y se accionan como una tecla de un celular. Son monitoreados por la policía: una agente llama a la mujer en cuanto acciona el botón y, según las circunstancias, un móvil policial acude en ayuda de la mujer en riesgo.

O al menos esa es la teoría, porque la tecnología también falla y por mucho que se deposite en ella toda la confianza que le otorga el imaginario popular a los aparatos tecnológicos, el funcionamiento sigue dependiendo de la humanidad, de lo social, de la capacidad y posibilidad de una respuesta inmediata.

Los números en Córdoba

Consultado por una cronista de Canal 10, el comisario Martín Barrientos, Director del Centro de Comunicaciones, afirmó que en este momento en la provincia hay 4.884 botones antipánico y 162 sistemas duales. Estos dispositivos se entregan por decisión de la autoridad judicial cuando ya hay hechos de violencia constatados, denunciados. Y evidentemente en esas circunstancias se encuentra una pequeña porción de las víctimas, pero a día de hoy son más de cinco mil.

Según datos oficiales del Centro de Monitoreo de la policía de Córdoba, en este momento se realiza el control y seguimiento de 3769 dispositivos en la capital provincial y 1122 en las ciudades y pueblos del interior. Además, son monitoreados 162 hombres y mujeres que portan el sistema dual (botón y tobillera). En los monitores del Centro se ven los puntos rojos estáticos, o que se mueven, se activan o se apagan, lo que genera la respuesta adecuada a cada caso de las operadoras. Los puntos rojos representan cada pequeño dispositivo que está en el bolsillo, en la cartera o en la mano de 5000 mujeres que tienen miedo, que necesitan ayuda, que están expuestas a una situación real y concreta que amenaza sus vidas. Y que, según el objetivo de esta medida judicial acompañada del seguimiento policial, se sienten o debieran sentirse más seguras.

En un contexto en que las cifras de violencia no paran de crecer, en el primer semestre de 2021 se han entregado y se están monitoreando el doble de los dispositivos que en todo el año pasado.

Poco a poco se comienza a utilizar el dispositivo dual, una nueva herramienta tecnológica que objetivamente otorga más seguridad y que, sobre todo, evita que la responsabilidad y el miedo recaigan exclusivamente en la mujer en situación de riesgo. Los dispositivos duales -conocidos como tobilleras- son dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor, que también lleva un transmisor. Las ubicaciones de la víctima y del agresor se supervisan de manera permanente desde los centros de monitoreo.

Walter Oliva, segundo jefe de la División, explicó a Canal 10 que en las pantallas del Centro de Monitoreo se controlan zonas, círculos de 1500 m de diámetro, y además los puntos críticos como la casa y el trabajo de la mujer en riesgo. En base a las señales de geolocalización que emiten los dispositivos, quien está monitoreando advierte el encendido de una señal roja y se activa el protocolo: llamado de la policía para advertir a la víctima de la cercanía de su agresor y si es necesario ponerla a resguardo; envío de un móvil policial a donde se encuentra el agresor para informarle que debe salir de la “zona de exclusión” y si no lo hace, es detenido. En Córdoba y sólo en el mes de julio fueron monitoreados 162 hombres con órdenes de restricción o alejamiento, que en la mayoría de los casos la habían violado antes de que se les colocara la tobillera o brazalete.

Las complejidades del día a día

Las autoridades confirman una efectividad de estos dispositivos duales cercana al 100%, aunque las mujeres refieren que además de la efectividad lo que más les importa es el hecho de ya no necesitar de la consigna policial, puesto que la presencia física de las fuerzas de seguridad implica un recordatorio constante de la situación de violencia en la que se encuentran.

Es el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a pedido de las provincias, quien distribuye las tobilleras duales. En el mes de enero del presente año ese ministerio reconoció que se trata de un recurso muy eficaz, aunque subutilizado: menos del 50% de los dispositivos existentes están activos. Y no precisamente porque no sean necesarios.

Algunas voces cuestionan el uso de los dispositivos tecnológicos. Son las mismas que más o menos explícitamente responsabilizan a las víctimas: Desde el “pero usted qué hizo” que todavía siguen escuchando cuando van a denunciar hasta “se olvidan el botón, no lo accionan, no contestan el celular”, toda una serie de acusaciones y revictimizaciones que sufren las mujeres, además de las provocadas por el agresor.

Está claro que no hay soluciones mágicas ni tecnología alguna inviolable. Sin embargo la eficacia del sistema dual sumada a otra batería de medidas como la prevención de las violencias machistas, la capacitación en género de hombres y mujeres, sobre todo de la función pública, y el registro efectivo de las violencias que ocurren, entre otras, son hoy medidas indispensables e impostergables. Se supone que los gobiernos están en ello, sobre todo a partir de la conformación del Consejo Federal de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, del que Córdoba forma parte y que se reunió el 18 de julio. En la oportunidad, se firmaron convenios que permitirán integrar los servicios de atención, contención y asesoramiento para personas en situación de violencia de género que brinda la Línea 144, con la Línea 911, para la derivación de casos de emergencia.

Botón de muestra

Esta semana comenzó el juicio contra Facundo Giménez, acusado del femicidio de la joven Aydeé Palavecino en junio de 2019 y por entonces su novia. La madre de Aydeé, citada como testigo, recordó haber acudido a la oficina de su defensora convencida de que a su hija la mataron Facundo y el Estado. Es que Giménez, antes de entablar una relación con Aydeé, ya había sido denunciado por una pareja anterior, por la que estuvo detenido (las estadísticas oficiales confirman que el 48 % de los femicidas tenían denuncias previas por violencia de género). ¿Qué hizo el Estado, más allá de encarcelarlo? ¿Se le dio asistencia psicológica efectiva para que entienda y revise su conducta? ¿Se le brindó educación sexual integral? ¿Se realizó un seguimiento de los equipos técnicos, multidisciplinares, previstos por la ley? La respuesta es no y la realidad es una joven asesinada y un joven que seguramente pasará el resto de su vida en la cárcel.

La respuesta del Estado exclusivamente punitivista ha fracasado por completo. Por eso todas las políticas públicas tendientes a prevenir y a controlar las agresiones, los abusos y todas las formas de la violencia machista son bienvenidas. Los dispositivos duales son muy útiles. Pero más aún si se combinan con políticas públicas integrales para la prevención de la violencia.