El inicio de la presencialidad plena en todos los tribunales de Justicia provinciales desde este miércoles, generó cruces y controversias entre los trabajadores, porque un grupo de unos 60 empleados se niegan a vacunarse contra el Covid, alegando distintos argumentos.

La abogada Mariela Pérez Cesaratto, que representa a un grupo de ellos, advirtió que quienes no quieran vacunarse no pueden ser obligados ni acosados por los empleadores.

“El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) excede lo que la ley le permite y si avanzan en la retención de haberes de los empleados, podrían incurrir en mobbing laboral y otros delitos penales”, aseguró la letrada en diálogo con Canal 10.

Por su parte, muchos empleados de la Justicia de Córdoba, se resisten a trabajar de manera presencial conjunta con aquellos compañeros que no se vacunaron contra el coronavirus y que están siendo intimados para volver a realizar sus tareas en sus lugares habituales de trabajo.

“No se quieren realizar un test de PCR y quieren trabajar. Creo que está mal porque ponen en riesgo a sus compañeros. Me parece que es un peligro, cuando está de por medio el tema de la vida de las personas. Es una falta de responsabilidad civil y social. Hay muchas personas acá en esa situación”, le dijo un empleado judicial a Radio Universidad.

Además, la misma persona se mostró a favor de que quienes no se vacunaron deban presentar un test PCR negativo cada 72 horas y eventualmente de que no perciban sus salarios.

Presencialidad

El TSJ estableció que desde septiembre, los empleados que no cuenten con ninguna de las dosis y tampoco tengan prescripción médica deberán concurrir a sus lugares de trabajo.

En esos casos, los trabajadores deberán presentar un test PCR cada 72 horas, que afrontarán con sus propios recursos. Quienés no cumplan con estas normativas, serán licenciados sin goce de sueldo.

Sólo serán exceptuados de esta normativa, los agentes agentes que padecen inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y transplantados.