A cuatro años de las condenas por la financiera CBI, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las condenas que recibieron los principales imputado.

En 2019, 13 imputados recibieron penas por intermediación financiera ilegal y fueron absueltos de asociación ilícita. El fiscal de la causa, Carlos Gonella, presentó un recurso de casación ya que considera que sí hubo asocación ilícita.

La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón y ahora el Poder Judicial deberá determinar la ampliación de las condenas para el director de la entidad, Eduardo Daniel Rodrigo, como para cuatro de sus principales allegados (Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Oscar Américo Altamirano y Daniel Arnoldo Tissera).

Rodrigo había sido condenado a siete años de prisión. Aldo Hugo Ramírez recibió una condena de cinco años de prisión. Julio César Ahumada y Oscar Américo Altamirano, cuatro años y seis meses de cárcel.  Daniel Arnoldo Tissera tiene una condena de tres años de cárcel condicionales, al igual que Darío Ramonda.

Diego Serrafian recibió tres años y seis meses de prisión y el arrepentido Miguel Vera fue condenado a seis años y seis meses de cárcel.

Todos ellos habían sido condenados en 2019 por "intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión tributaria".

“Ahora hay que hacer una nueva audiencia donde la fiscalía haga el pedido de pena acorde al delito de asociación ilícita”, explicó Carlos Gonella.

El fiscal de instrucción Enrique Senestrari declaró: “Lo bueno del fallo es que pone en vigencia la asociación ilícita. Era absolutamente lógico pensar que se valieron de la estructura de roles y jerarquías de una empresa para cometer una variedad de delitos de manera habitual. No había forma de decir que esto no era una asociación ilícita”.

“Es un buen resultado para el Ministerio Público Fiscal y la sociedad porque sino estamos habilitando a que se hagan este tipo de maniobras sin mayores consecuencias”, concluyó.

El caso

El caso de la Financiera CBI fue el primer juicio de condena por intermediación financiera no autorizada realizada tras la incorporación en 2011, al Código Penal.

La firma CBI Cordubensis era una empresa financiera que operó hasta el 14 de febrero de 2014.

Según la investigación, se realizaron de manera sistemática y habitual millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y evasión. El MPF investigó 78 hechos en total.