Se viene la sentencia en el juicio por las fotomultas en Estación General Paz
La fiscal Laura Batistelli pidió condenas de prisión condicional para el jefe comunal Carlos Borgobello y empresarios que instalaron el sistema. Entre 2008 y 2010, labraron miles de infracciones con esa modalidad de manera ilegal.
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Durante la tarde de esta jornada llega a su fin el juicio que se lleva adelante en la Cámara Segunda del Crimen, contra el jefe comunal de Estación General Paz, Carlos Borgobello, funcionarios y empresarios que instalaron los sistemas de fotomultas en esa localidad, donde se labraban miles de actas anuales cuando no estaba permitido hacerlo, según consta en la denuncia.
Los acusados están imputados por exacciones ilegales continuadas y falsedad ideológica continuada y la fiscal Laura Batistelli pidió que el todavía jefe comunal, sea condenado a 3 años de prisión condicional, 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos más el pago de una multa. Mientras tanto, para los empresarios que instalaron las cámaras solicitó la pena de 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional.
En el proceso, se intentó probar que entre 2008 y 2010, la citada comuna llevó adelante el cobro de miles de infracciones de manera ilegal, ya que la normativa prohibía el uso de radares para aplicar fotomultas por exceso de velocidad. Según consta en la causa, había tres radares instalados sobre la "zona urbana" de la ruta 9, algo prohibido explícitamente por la ley. Con ellos sacaban fotos y las multas eran fraguadas a posteriori por inspectores de tránsito que no habían estado en el momento de la infracción.
Según la investigación, que comenzó en 2010 el fiscal Carlos Matheu y continuó el entonces fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo, Borgobello y Pascual Suárez, ex tesorero de la comuna, contrataron a dos empresas para iniciar esta "máquina recaudadora": Sertran, para la locación y mantenimiento de los aparatos, y Extrategic Group, para el procesamiento y gestión de cobro de infracciones. José Abeliansky era apoderado de Sertrán y Virginia Mónica Guala de Extrategic, ambos también acusados. El círculo se cerraba con la particiapción del juez de Paz de Salsipuedes, Daniel Hernán Torres, que se encargaba de la gestión, juzgamiento y cobro administrativo de las multas, pero ya falleció.