El juicio oral por el asesinato de Joaquín Paredes, el joven de 15 años que murió a causa de disparos de la policía en Paso Viejo, ha generado preocupación debido a presuntas presiones y situaciones de tensión que afectan a las víctimas, testigos y familiares involucrados en el proceso judicial. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió una advertencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, resaltando que los derechos fundamentales de las partes involucradas podrían estar siendo vulnerados.

La causa, que involucra a seis efectivos policiales acusados - Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Maikel Mercedes López, Iván Alexis Luna y Daniel Alberto Sosa Gallardo -, ha sido marcada por denuncias de intimidación y amedrentamiento hacia las víctimas y testigos que deben declarar en contra de los acusados. Cinco de los imputados permanecen en libertad y residen en la misma zona donde viven quienes deben presentar su testimonio en su contra.

Tweet de Secretaría DDHH

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha seguido  de cerca el desarrollo del juicio y ha intervenido en calidad de "amicus curiae" y "veedora" en las audiencias. En un comunicado presentado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesin, la Secretaría expresó su preocupación por la situación vivida durante las audiencias y señaló que estas circunstancias podrían poner en peligro la legalidad del proceso judicial.

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Entre las preocupaciones planteadas se encuentra la existencia de un fuerte operativo de seguridad tanto dentro como fuera de los tribunales, lo cual ha sido descrito como generador de intimidación y amenaza hacia quienes están siguiendo el desarrollo del juicio, incluyendo familiares, jóvenes víctimas y organizaciones. Además, se ha mencionado la ausencia de medidas adecuadas para prevenir el contacto entre las partes involucradas, lo que generó situaciones de tensión e intimidación, incluyendo situaciones en las que los imputados se acercaron a las víctimas y sus familiares.

En relación a esto, se mencionó que la madre de Paredes tuvo que enfrentar la situación angustiante de recibir las condolencias de uno de los imputados, quien se acercó a ella.

Se destaca también la preocupación por el trato desigual por parte de la policía hacia asistentes de las víctimas y de los imputados, así como ciertas prácticas aparentemente malintencionadas por parte del tribunal y los abogados defensores hacia los testigos, especialmente hacia los jóvenes víctimas, algunos de los cuales son menores de edad y de origen rural, con expresiones del tipo “‘¿cómo?’, ‘no se entiende’, ‘hable más fuerte’, ‘hable más claro’, ‘¿usted escucha bien?’.

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Natalia Fernández Medina, una de las veedoras del proceso, ha detallado en un informe diversas irregularidades y situaciones de tensión que han afectado a los testigos, incluyendo la demora en sus testimonios, la falta de acompañantes en la sala de espera y la negativa a permitir la presencia de familiares de los testigos. Además, se menciona que un joven víctima del hecho sufrió un ataque de angustia durante su testimonio, lo que requirió la intervención de su padre para calmarlo.