¿Puede la organización jurídica de los estados anteponer el interés de la salud pública y el ambiente al empuje y el dinero puestos al servicio de los negocios?

La pregunta no es retórica. Lo comprueba la tremenda secuela de efectos de todo tipo de sustancias aprobadas por diferentes instancias de gobierno en todo el mundo, que luego se probaron tremendamente nocivas. El caso de los agroquímicos tal vez sea el más emblemático, pero está lejos de ser el único: existen los llamados “químicos eternos”, aditivos de todo tipo, medicamentos; en fin, la lista de prácticas que consiguieron aprobación para luego demostrarse nocivas es casi inagotable.

Por eso, los antecedentes en que autoridades legislativas, ejecutivas o judiciales dictaminan en contra del interés de empresas, especialmente si son gigantes de la industria, son especialmente relevantes para sostener la esperanza de que vale la pena luchar por un ambiente más limpio y verdaderamente sostenible.

Los ejemplos emblemáticos en Córdoba, como la justicia contra el glifosato en Barrio Ituzaingó o la negativa al permiso de operación para Monsanto en la localidad de Malvinas, son tan escasos como recordados.

Dos cancelaciones de peso

El movimiento ambientalista obtuvo dos resonantes victorias en Luisiana en los últimos días cuando dos plantas petroquímicas planificadas recibieron sendas negativas para su radicación. Las medidas evitarán que se emitan gigantescas cantidades de gases de efecto invernadero y se continúe deteriorando la calidad del aire en una región que, por sus funestos antecedentes, es conocida como el "callejón del cáncer" de Luisiana.

Con el meteórico surgimiento de la perforación de gas de esquisto (fracking), que transformó a Estados Unidos en el primer productor mundial, un sinnúmero de empresas acudieron a radicarse en masa a las regiones en que se podía aprovechar el gas natural económico. Y tal vez el caso más emblemático es el de St. James Parish en Luisiana: ahora hay aproximadamente 150 refinerías de petróleo, plantas de plástico e instalaciones químicas allí.

En los últimos días, dos de esos proyectos, Formosa Plastics y South Louisiana Methanol, fueron archivados. El Tribunal del Distrito Judicial 19 de Luisiana revocó los permisos ambientales que el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana (LDEQ por sus siglas en inglés) había otorgado a Formosa Plastics.

Y fue el propio LDEQ quién consideró que se habían vencido todos los plazos para que South Louisiana Methanol obtuviese su permiso de operación.

El impacto en números

En su completo artículo sobre el tema, The Washington Post pone el acento sobre los números implicados en estas decisiones, que resume del siguiente modo:

  • Más de 11 mil millones de dólares de inversión cancelados. Son los más de 9 mil millones que la empresa taiwanesa Formosa Plastics habría gastado en la construcción de un complejo petroquímico de más de 1000 hectáreas y los 2,2 mil millones que Metanol del Sur planeaba gastar en su planta química.
  • Casi 16 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que habrían emitido cada año ambas plantas. Para establecer una referencia, esa cantidad de gases de efecto invernadero es  equivalente aproximadamente a todos los gases de efecto invernadero que libera la provincia de Mendoza.
  • Como parte de la semblanza numérica, la crónica del Washington Post pone de relieve que en el año 2020 el Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana otorgó 14 permisos en 2020, a pesar de haber recibido 15.500 comentarios públicos en oposición a los permisos. Como puede verse, el fenómeno de las audiencias públicas con masivas oposiciones y nulos efectos, no es propiedad exclusiva de nuestra provincia.

 Un área bajo presión

Es conocido el fenómeno de discriminación racial en el desarrollo urbano en Estados Unidos: recientemente un estudio demostró cómo las políticas discriminatorias ejecutadas desde el estado hace más de 80 años hacen que hoy las comunidades afectadas vivan respirando aire mortífero.

En el área censal donde se localizarían estas plantas, más del 87 por ciento de los más de 2000 residentes se identifican como "negros o afroamericanos", según la Oficina del Censo de EE. UU.

El propio juez lo resalta en su fallo: “La demografía del área refleja sus raíces como un lugar que alguna vez estuvo dominado por plantaciones, poblado por los antepasados ​​​​esclavizados de los residentes actuales”.

Entre los antecedentes considerados, está un reporte de la ONG ProPublica en el que se informa que “el aire alrededor del sitio de Formosa es más tóxico en químicos cancerígenos que el 99.6 por ciento de las áreas industrializadas del país. Si el complejo emite todas las sustancias químicas que propone en su solicitud de permiso, se ubicaría en el 1 por ciento más alto a nivel nacional de las principales plantas de Estados Unidos en términos de concentraciones de sustancias químicas cancerígenas en su vecindad”.