Muchos gobiernos han tomado medidas que  eran inconcebibles antes de la aparición de la pandemia de coronavirus en el mundo: darle vacaciones de un mes a sus habitantes, cercar ciudades, construir hospitales en 10 días, cancelar las clases o perseguir a los contactos de las personas que dieron positivo con la enfermedad. 
Pero tal vez la orden más extrema dada por un gobierno en el enfrentamiento del coronavirus la protagonizó Filipinas: "disparar a matar" a quienes no respeten el confinamiento. 
El 16 de marzo, casi un mes y medio después de registrarse el primer contagiado en su territorio, Filipinas dispuso las primeras medidas para frenar el aumento de casos, que en ese minuto alcanzaban los 142 contagiados y 11 fallecidos.
Pero poco más tarde, cuando comenzó a crecer el número de casos, el 31 de marzo  el Presidente filipino, Rodrigo Duterte ordenó un aumento en las restricciones y autorizó el uso de fuerza letal para detener a quienes no respetasen las normas.
La decisión ha sido duramente cuestionada por los organismos de derechos humanos en Filipinas y en el mundo, que siguen de cerca las posibles derivas autoritarias de los gobiernos en su afán por poner bajo control la epidemia.
A esta hora, Filipinas, que tiene 109,2 millones de habitantes, es el país número 41 en contagios reportando 7.192  casos de coronavirus y 477 fallecidos, según cifras de la OMS. 
Es uno de los países asiáticos que pesar de su gran cantidad de habitantes ha logrado mantener "bajo control" la expansión de la epidemia, con una tasa de letalidad del 6,6%, ligeramente por debajo del promedio mundial, que llega ya al 7%.