Las curiosas y polémicas imputaciones a dos profesionales de la salud en el geriátrico Santa Lucía terminarán seguramente en la nada, según opinan diferentes especialistas en derecho penal y miembros de la Justicia.

Un alto magistrado del Poder Judicial de la provincia consideró que no se imputó al propietario del geriátrico porque no es médico. “Por eso no es procedente la acción penal en ese caso”.

Se puede estar a favor o en contra de este argumento y sería conveniente anteponer el sentido común, aunque se sabe que a veces los encargados de impartir justicia suelen no ponderar este precepto.

La investigación penal del geriátrico se aceleró luego de una denuncia del Ministerio de Salud, a esto hay que dejarlo en claro. Después, el fiscal Andrés Godoy imputó sólo a dos médicos, lo cual provocó uno de los reclamos callejeros más importantes de las últimas décadas en la ciudad de Córdoba.

Este caso ocupó un lugar en la agenda pública cuando se confirmó que el dueño del Santa Lucía es padre del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña.

Al decir que no era procedente la acción penal para el dueño del geriátrico, la fuente dejó afuera una puerta abierta a la acción civil de los familiares de las víctimas, o los propios abuelos que sufrieron semejante destrato.

Desde algunos estudios jurídicos anticiparon que las las indemnizaciones solicitadas podrían ser cuantiosas y tales reclamos se practicarían contra el propietario del geriátrico de Saldán, Rafael López Peña, el Hospital Italiano y el gobierno provincial.

Los habitantes de la casona de Saldán fueron derivados al Hospital Italiano, provocando contagios en cadena. De nuevo aparece la pregunta: ¿por qué todos al Italiano cuando la provincia tiene otros centros hospitalarios preparados especialmente para enfrentar el Covid-19?

¿Sólo porque el Hospital Italiano tiene un convenio con el Pami? ¿Nadie se fijó en el riesgo que ello implicaba? ¿Las autoridades del Pami no advirtieron esa situación?

El titular del Pami Córdoba es Rubén Ovelar, el ex intendente justicialista de La Cumbre, hombre políticamente allegado al senador nacional Carlos Caserio.

El director médico del Pami es Gustavo Dellamagiore, ex intendente de Villa Carlos Paz, también con buenos vínculos con el parlamentario.

La Cumbre y Carlos Paz, dos ciudades de Punilla, cuyo peronismo fue conducido durante décadas por el senador Carlos Caserio. Perdió el feudo el año pasado, cuando su hija Mariana Caserio fue derrotada por Daniel Gómez Gesteira (delfín de Esteban Avilés) en la elección por la intendencia de ese centro turístico.

Mentan en el PJ que el enojo de Caserio con el gobernador Juan Schiaretti viene de esos comicios. El senador le achaca al mandatario provincial no haber apoyado a su hija Mariana.

Ahora, Caserio tendría mucha influencia en las decisiones del Pami, según indican fuentes del sector salud.

Nadie desconfía de nadie, pero no sería bueno que los protagonistas de esta historia le contaran qué pasó y qué pasa con la salud de nuestros mayores. ¿O no tienen nada para decir?

Esta situación no es nueva, ni exclusiva de este Gobierno. Desde el retorno de la democracia hasta hoy se vienen dando sin pausas… y sólo hay protestas tibias de partes de algunos opositores. ¿Tampoco hay elementos para aportar desde este lado? ¿Hoy por ti, mañana por mí? Demasiadas preguntas para una sola nota…