Más allá de su labor como subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, ahora María Laura Garrigós de Rebori tiene seis meses para evaluar, desde la declarada intervención al Servicio Penitenciario Federal, las principales deudas de las cárceles argentinas.

La funcionaria en la que confió Alberto Fernández para el circunstancial cargo señala hoy que lo importante es saber “qué tipo de vida se le da” a los internos: “Necesitamos decidir para qué tenemos esa gente allí, y qué hacemos mientras tanto”.

Refirió como una necesidad central con los internos, “que el tiempo de insertación en el Servicio Penitenciario signifique una mejoría en la vida de esas personas, no un empeoramiento” aunque la cuestión no sea tan sencilla.

Entrevistada en el programa Mirá Quien Habla, recordó que “las cárceles no son para castigo” y agregó que el país tiene una legislación que hay que modificar: “Creo que debemos cambiar la Ley de ejecución penal y los reglamentos de sanciones a internos en base a exigencias internacionales”.

Allí fue tajante: “Nuestra legislación se quedó en el tiempo, debe ser más moderna. Además, corremos riesgos de ser condenados. Es urgente cumplir con las exigencias de organismos internacionales”.

Respecto a datos oficiales sobre cárceles federales, consideró que existe “un problema”, ya que se tienen todos los datos pero la información está desperdigada en varios sistemas informáticas”.

Y señaló: “Hoy tenemos que revisar tres o cuatro sistemas, que a la vez se yuxtaponen. Esto debe ser más moderno, y estimo que se podrá hacer desde las propias dependencias estatales. No es que tengo que salir a buscar recursos afuera, por lo cual no es muy complicado”.